Durante el siglo XVIII, las principales zonas industriales se localizaban en el País Vasco (cornisa cantábrica), Cataluña, Valencia y Madrid. En el centro del país es donde se concentraban las industrias relacionadas con la lana (gracias a la importancia del sector ovino en esas zonas) y las manufacturas reales (como la Real Fábrica de Tapices y Cristales de San Ildefonso de La Granja, por ejemplo). En la región valenciana predominaban las industrias relacionadas con la seda y con el papel, mientras que en la cornisa cantábrica toma fuerza la producción de hierro, amparada en la prohibición de importar productos de hierro extranjeros. Son los antecedentes de la importante industrias siderúrgica que se desarrollará en esa zona a lo largo del siglo XIX. En Cataluña, por su lado, existe una importante diversificación industrial en la que tiene un peso importante las manufacturas de algodón (indianas), la hilatura y el tejido de la lana, la siderurgia y los productos de consumo (zapatos, sombreros, etc..).

La industrialización de Málaga

A finales de esta centuria, ilustrados y reformistas alzaron su voz a favor del desarrollo y de la industrialización del país. España reunía unas condiciones favorables para la implantación de la actividad industrial moderna, pues contaba con una producción artesanal diversa y rica, con las Reales Fábricas, con recursos minerales suficientes para el abastecimiento en cantidad y calidad de la industria nacional, con materias primas minerales y de origen orgánico, etc. Como factores negativos para la instauración de los nuevos sistemas industriales acusaba los problemas de la insuficiencia energética (carbón), la escasez de recursos tecnológicos y humanos, una excesiva mentalidad rural, la ausencia de mercado interior, etc.

Con todo, y pese a que la nación vivió avatares tan perjudiciales para la naciente industria como la Guerra de la Independencia, la emancipación de las colonias americanas o las guerras carlistas, en la primera mitad del siglo XIX tuvieron lugar algunos hechos importantes para la industrialización, como la construcción de los altos hornos en 1832 en Marbella, Málaga, Barcelona y las fábricas textiles de Cataluña.

En la segunda mitad del siglo XIX se consolidó en Europa la Primera Revolución Industrial. En España, la industrialización avanzó hasta alcanzar cotas de importancia, pero evidenció un notable retraso con relación a los países europeos y una gran debilidad y dependencia tecnológica y financiera de los mismos, y cuando lo hizo, la industrialización del país estuvo marcada por su concentración geográfica en zonas como Asturias, País Vasco o Cataluña.

Tal situación se debió a una serie de condicionantes negativos: la baja densidad de población, eminentemente agraria y con escaso poder adquisitivo para comprar productos industriales; el escaso capital disponible, por lo que se prefería invertir en la tierra o en otros sectores económicos, advirtiéndose el poco espíritu empresarial de la sociedad de la época; la exportación de minerales por empresas de capital extranjero para transformarlo en el exterior, en lugar de hacerlo en nuestro país, con lo que no se creó una industria de transformación ligada a la minería; la mala dotación de materias primas y productos energéticos claves para el desarrollo industrial, como el carbón. A estos factores, de pueden añadir la escasa cualificación de la mano de obra (ligada al elevado analfabetismo), la existencia de un mercado pobre (formado por campesinos con bajísima renta) y desarticulado (falta de una red de transporte adecuada), inestabilidad política y conflictos militares (Guerra de Independencia, pérdida de las colonias, guerras carlistas, pronunciamientos militares, etc.), una sociedad muy rural con una estructura social arcaica (oligarquía terrateniente y una gran masa de campesinos pobres). En esta etapa se confirmaba el carácter subsidiario de la industria española en el contexto internacional

Junto a la industria siderúrgica y textil, quizá el logro más importante fuese el tendido de una amplia red ferroviaria que en 1865 alcanzaba ya los 4663 kilómetros, aunque en su mayor parte eran ferrocarriles construidos por empresas y capital extranjero -preferentemente franceses e ingleses- e, incluso, con material importado, pues nuestra industria tenía una capacidad de producción muy limitada; por ello, se construyó una red ineficiente, con trenes lentos y caros. En consecuencia, la red de ferrocarriles estuvo al servicio de la explotación minera de nuestro subsuelo, también protagonizada por empresas de nacionalidad británica, francesa, belga, etc., que gozaron de las facilidades de acceso a la explotación minera que les confirió la Ley de Bases de la Minería, promulgada en 1868. Como esta ley permitía las concesiones mineras a perpetuidad y, además, coincidió en el tiempo con la legislación desamortizadora-, fue calificada por analogía como la desamortización del subsuelo (un ejemplo fueron las minas de cobre de Riotinto en Huelva, explotadas por los ingleses).

Ni que decir tiene que las facilidades comentadas permitieron una explotación intensísima de nuestras minas en beneficio de la industria europea. España, que era el paraíso de los minerales metálicos, se convirtió en país exportador de materias primas minerales, quedando a merced de intereses ajenos y sin capacidad para aprovechar su riqueza mineral en beneficio propio. España era el primer país productor de hierro, que se exportaba en su mayor parte a Gran Bretaña desde el puerto de Bilbao. Los barcos que lo transportaban volvían vacíos, pero pronto aprovecharon el flete de retorno para trasladar hasta el puerto de origen el carbón que precisaba la industria siderúrgica vizcaína. Esta facilidad para el abastecimiento de energía y la proximidad de los yacimientos de hierro hicieron florecer la industria siderúrgica vasca en detrimento de los núcleos siderúrgicos de otros lugares como el Bierzo (León), Málaga o Asturias, que en adelante no pudieron hacer frente a la competencia bilbaína.

La industrialización española avanzó bajo el signo del proteccionismo y a un ritmo lento y plagado de discontinuidades. A ello contribuyó el acusado fondo rural del país, el impacto de la desamortización civil, la ausencia de una burguesía emprendedora, la debilidad del mercado interior, etc., así como la incapacidad tecnológica y la situación de España como país periférico respecto a la Europa industrial a la que se exportaban materias primas y de la que se importaba capital de bienes de equipo. La producción industrial española estuvo muy orientada hacia los bienes de consumo y sustentada, en gran medida, en las industrias siderúrgica, metalúrgica y textil. El mapa industrial comenzó a adquirir unos trazados nítidos en los que ya se advertía la polarización en torno a Vizcaya, Barcelona y Madrid, y en otros puntos del interior peninsular que desarrollaban una industria de base agraria. Por ejemplo, desde mediados del siglo XIX (1840) se consolidó un núcleo industrial textil en Cataluña y, más tarde, un núcleo siderometalúrgico en Asturias, ligado a la explotación de minas de carbón. A finales del siglo XIX, durante la Restauración, se desarrolló una potente industria siderometalúrgica en el País Vasco, especialmente en Bilbao, detrás de la que estaba la existencia de grandes yacimientos de hierro, que era exportado sobre todo a Inglaterra.

A comienzos del siglo XX, la región más industrializada era Cataluña, que concentraba un 22% del empleo, seguida de Andalucía (19%), las regiones de la cornisa cantábrica (12%) y la Comunidad Valenciana (9%). En cambio, las regiones del interior peninsular y las islas quedaron al margen del proceso industrializador y mantuvieron una economía agraria. En Madrid, la construcción de la red ferroviaria permitió la instalación de grandes fábricas, pero la ciudad mantuvo su carácter de capital política y administrativa.

Durante este primer tercio de la centuria, la industria española se afianzó notablemente gracias a la protección arancelaria y se consolidaron sectores industriales como el metalúrgico, el textil o el químico, impulsados por el crecimiento de la demanda y la consolidación del mercado interior. En ese momento creció la aportación al PIB y la población activa ocupada; así, el sector secundario pasó de emplear al 15% de la población activa en 1900 a suponer un 31% en 1930. 

Instalaciones de la Fábrica de La Felguera (Asturias) en la década de 1920.

Para ello, fue imprescindible la concordancia de varios factores que explican esta evolución. Por un lado, la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial favoreció las exportaciones, tal como fue el caso del carbón, incrementando los beneficios comerciales del país, con una mentalidad más emprendedora; por otro lado, influyó positivamente la repatriación de capitales, tras la pérdida de las últimas colonias (1898), muchos de los cuales fueron invertidos en el sector industrial; por otro, el impulso advertido en las obras públicas favoreció el desarrollo de las industrias del cemento, hierro, etc.; y, por otro, la política proteccionista de la época gravó con impuestos la importación de productos extranjeros, por lo que los consumidores españoles compraban productos de las industrias nacionales más baratos.

A pesar de que continuó la explotación minera por parte de las empresas europeas, la Primera Guerra Mundial permitió el incremento de las exportaciones agrarias industriales a los países contendientes, lo que repercutió en una capitalización muy provechosa para nuestra industria; la productividad industrial mejoró y se dio un considerable impulso a la construcción de obras públicas durante la dictadura de Primo de Rivera, particularmente de carreteras, que resultó fundamental para la conexión de los mercados interiores. Se incrementó así la demanda, pues las obras públicas fomentaron sectores industriales como el hierro y el cemento. Y se incorporaron los avances de la Segunda Revolución Industrial (hidrocarburos y electricidad).

La colonia industrial Sedó hacia 1930

No obstante, en este periodo, las empresas extranjeras fueron abandonando la explotación de las agotadas minas españolas y, pese a los indudables progresos, la industria española seguía acusando el retraso y la dependencia de Europa. Los enormes beneficios obtenidos durante la guerra europea no fueron reinvertidos, manteniendo al mismo tiempo las estructuras empresariales tradicionales. Asimismo,  el mapa industrial se consolidó sobre el germen de los focos anteriores, de modo que empezaron a manifestarse los desequilibrios territoriales que alcanzarían su plenitud en las décadas posteriores. En otro sentido, es verdad que, al finalizar la guerra mundial, los mercados extranjeros se cerraron y el país tuvo que sumirse en su letargo industrial, aliviado en parte por la intervención estatal durante la dictadura de Primo de River. Pero, esta coyuntura se agrava con la crisis internacional de 1929, que se reflejó en el predominio de la producción de bienes de consumo frente a los bienes de equipo, que hubiese podido relanzar la economía española.; así, por ejemplo, en 1925 la industria metalúrgica ocupaba al 20% del empleo industrial, mientras que la textil, la alimentaria y la de bebidas concentraba el 60%,

Astilleros de Cádiz a finales de la década de 1960.

La Guerra Civil truncó la fase expansiva de la industria española, ante la destrucción de fábricas e infraestructuras de comunicación. Además, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados democráticos sometieron a España aun aislamiento político y económico. El país tuvo que afrontar así la reconstrucción, la recuperación económica y la puesta en práctica de una política industrial que viniera a resolver las graves carencias del momento, lo cual se abordó en un contexto de autarquía, es decir, de autosuficiencia económica, en la que se pusieron limitaciones a la inversión extranjera y las importaciones, entre ellas la de materias primas, paralizando el desarrollo industrial y ocasionando que España mantuviera su carácter de país agrario; se impidió la modernización tecnológica, pero sí permitió la creación de pequeñas industrias que abastecían un mercado muy limitado.

Únicamente, la intervención estatal, con la creación del Instituto Nacional de Industria (INI) en 1941, proporcionó un fuerte impulso a los sectores básicos de la industria. El principal objetivo del INI en este periodo fue incrementar la producción industrial lo más rápidamente posible, con independencia de su coste, ya que los recursos procedían del Estado. Este se configuró como un holding estatal y financiero y, como tal, proporcionó financiación a sus empresas, facilitándoles los recursos necesarios para su funcionamiento. Las industrias del INI estaban especializadas en sectores estratégicos (carbón, electricidad, petróleo, minería y metalurgia, abonos, celulosa, vehículos, productos químicos, transportes y construcción naval), que requerían fuertes inversiones y proporcionaban, en ocasiones, escasa rentabilidad. Por eso, muchas de ellas no eran atractivas para la iniciativa privada, pero si resultaban necesarias para el país (producían materias primas, acero, energía y medios de transporte), por lo que el Estado las financió. Las principales empresas nacionales que se incorporaron al INI entre 1942 y 1950 fueron, entre otras: ENDESA (Empresa Nacional de Electricidad), Iberia, Empresa Nacional Bazán (Astilleros), SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo) y ENCASUR (Empresa Nacional Carbonífera del Sur).

A partir de 1950 la situación fue cambiando; por entonces se había recuperado el nivel de producción anterior al conflicto y se logró una cierta recuperación en los niveles de renta, mejoró la situación de la posguerra y la economía española encontró cierto alivio a partir de las negociaciones con Estados Unidos y del ingreso en la ONU. Se puso fin al aislamiento y España se integró gradualmente en la economía internacional, al tiempo que la falta de capital fue suplida por las inversiones extranjeras que comenzaron a llegar.

Factoría de ENSIDESA, perteneciente al INI, años 1950

La nueva estructura industrial se caracterizó por la dualidad, es decir, por la existencia de un sector dominado por la gran empresa de capital público, tal como hemos explicitado, y orientado a bienes de equipo, y otro sector integrado por la pequeña y mediana empresa de capital privado, dedicado a las industrias de transformación y de bienes de consumo.

Desde un punto de vista espacial, la política industrial favoreció la consolidación de algunas regiones industriales en detrimento de otras, configurando un conjunto de núcleos desconectados. Así, se polarizó claramente hacia Cataluña, País Vasco y Madrid (41,5% del empleo) en perjuicio de otras que se configuraban como áreas subdesarrolladas, que comenzaban a padecer los efectos negativos de los desequilibrios y del éxodo rural. Los factores que explican por qué se desarrollaron estos primeros núcleos industriales son la existencia de un capital procedente de una clase empresarial emprendedora o del Estado (casos de Madrid y Cataluña); una mano de obra preparada en la industria textil (Cataluña); la disponibilidad de materias primas: hulla inglesa para abastecer a la industria siderúrgica (País Vasco); yacimientos de minerales (en Andalucía y Asturias); la proximidad a puertos marítimos para facilitar la exportación y llegada de materias primas (caso de Andalucía, Asturias, País Vasco, Valencia y Cataluña); la existencia del ferrocarril en todos los casos, que permite el transporte de mercancías; y, la proximidad de un mercado urbano importante, capaz de adquirir productos industriales.

La recuperación económica y el inicio de negociaciones con Estados Unidos, interesados por España en el contexto de la Guerra Fría, llevaron al final de la autarquía (1956-1959) y a un replanteamiento de la política económica y, dentro de ella, de la política industrial, puesto que el modelo industrial español acusaba graves deficiencias y se mostraba incapaz de resolver las carencias; de ahí que a partir de 1959 se abordase el desarrollo industrial y económico siguiendo las directrices del denominado Plan de Estabilización.

A partir de 1959 se produjo el despegue y posterior consolidación de la industria en nuestro país, de ahí el término de Desarrollismo con el que se conoce a esta etapa. El hito más importante fue el "Plan de Estabilización", un decreto-ley promulgado en 1959 cuyos objetivos básicos eran establecer las bases para una nueva etapa de desarrollo económico y buscar una mayor integración de España en el contexto europeo y mundial. A partir del Plan comienza una liberalización de la economía española y una apertura hacia el exterior, donde la ayuda de Estados Unidos resultaba fundamental, en su intento de integrar España dentro del bloque capitalista.

Para conseguir estos objetivos se establecieron medidas de tipo económico, tanto financieras como comerciales. Por una parte, se devaluaba la peseta, fijando una tasa de cambio único (60 pesetas por dólar) para fomentar las exportaciones. Por otra parte, se liberalizaban las importaciones, permitiendo la entrada de bienes de equipo (fundamentales para la renovación del aparato productivo), materias primas y capitales (inversiones de multinacionales, del turismo, remesas de inmigrantes, inversores privados...). También, se congelaron los salarios y los sueldos de los funcionarios, iniciando una reforma tributaria. Gracias a estas medidas aumentó la productividad industrial y la exportación; en el grupo de sectores exportadores figuraban las industrias de bienes de consumo (calzado, corcho, mueble, papelera y editorial); entre las industrias básicas destacaban la de caucho (neumáticos), la maquinaria, la minería y la industria naval.

Se adoptaron de la misma manera medidas de tipo territorial e introducción de criterios de planificación. La planificación se realizaba a través de los Planes de Desarrollo. Estos planes se organizaron en periodos de cuatro años, desde 1964 a 1975, y se orientaron a la promoción industrial en las zonas atrasadas y a la descongestión de las grandes aglomeraciones industriales. Su finalidad era conseguir un equilibrio territorial desde el punto de vista industrial, eliminando los desequilibrios existentes en ese momento entre unas pocas zonas en las que se concentraba la industria y el resto del territorio, casi desindustrializado.

Para la promoción de las industrias en zonas atrasadas se emprendieron diversas actuaciones. La principal fue la creación de Polos de promoción y desarrollo industrial. Se seleccionaron ciertas áreas urbanas en regiones atrasadas, ofreciendo incentivos a las empresas que se instalaran en ellas, con el objetivo de generar un proceso de concentración industrial similar al que se había producido de forma espontánea en las regiones más avanzadas. Los incentivos fueron muy variados: subvenciones a la inversión inicial, créditos oficiales, bajo precio del suelo industrial, desgravaciones fiscales, etc. Se seleccionaron dos tipos de ciudades. Por un lado, aquellas que ya contaban con cierta base industrial (Sevilla, Valladolid, Vigo, A Coruña, Zaragoza, Granada, Logroño, Oviedo, Córdoba y Vilagarcía de Arousa), denominadas Polos de desarrollo industrial, subvencionadas en un 20%. Y, por otro lado, áreas más deprimidas, que exigían mucha inversión (Huelva, Burgos), denominadas Polos de pro- moción industrial, subvencionadas al 100%. Otras actuaciones fueron la creación de Zonas de Preferente Localización Industrial (ZPLI), de Polígonos de Preferente Localización Industrial y grandes áreas de expansión industrial. Por último, para descongestionar las grandes áreas industriales se crearon los polígonos de descongestión industrial, incentivando el traslado de las fábricas desde las áreas saturadas a núcleos que estaban próximos a ellas (por ejemplo, Toledo o Guadalajara como descongestión de Madrid)

Seat 600, coche símbolo del desarrollismo en España

En esta etapa el INI redujo su protagonismo industrializador y pasó a desempeñar un papel subsidiario, limitado al apoyo de la iniciativa privada; en los años sesenta predominó su función como holding financiero, pero las aportaciones del Estado se redujeron y el INI tuvo que buscar los recursos en los mercados de capitales. A partir de los años setenta se reestructuró, con la finalidad de actualizar y modernizar su funcionamiento

La liberalización española coincidió con un periodo de gran expansión económica mundial, lo que favoreció que un buen número de compañías internacionales se instalaran en el país, debido a diversas causas: la mano de obra que emigraba del campo a la ciudad era abundante y barata; la conflictividad laboral, inexistente dado el control que ejercía la dictadura franquista sobre la sociedad; la permisividad era elevada y el mercado interior desarrollaba con rapidez una creciente demanda de productos interiores. Se efectuaron inversiones industriales con capital exterior, de las cuales algo más del 40% correspondía a empresas estadounidenses; un 30% de la Comunidad Económica Europea; y uno 20%, a capital suizo. Al mismo tiempo, España recibía las divisas que aportaban turistas y emigrantes, con las que hizo frente a la compra de petróleo, a la importación de bienes industriales y a la nivelación de la balanza de pagos. 

Construcción de la Central nuclear José Cabrera ("Zorita", 1966)

A pesar de que el Plan de Estabilización y los planes de desarrollo no dieron los resultados previstos, se consiguieron objetivos muy importantes, el más notorio de los cuales, sin duda, fue que el PIB alcanzó un índice de crecimiento anual en torno al 7%, solo superado por Japón por entonces: España se convertía en un país industrial; la industria, que en 1964 presentaba el 25% del PIB, pasó en 1974 a significar el 34%. La industria española mejoró notablemente y alcanzó un alto grado de diversificación en su producción de bienes de equipo, de uso y de consumo, aunque siguió acusando los efectos negativos de la gran dependencia tecnológica, de las importaciones y de una inadecuada estructura empresarial. De este modo, las principales industrias fueron las electromecánicas y la química, junto con la fabricación de coches, la instalación de refinerías de petróleo y la diversificación de productos químicos y farmacéuticos.

Este desarrollo industrial de los años 1960 se localizó en las regiones que tenían mayor tradición industrial y en sus áreas adyacentes, lo cual agravó los desequilibrios regionales. Se generó una dicotomía entre los espacios más industrializados (Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Madrid), que concentraron casi las tres cuartas partes de las inversiones multinacionales y del empleo recién creado, y, por otra parte, la Meseta, Galicia, Extremadura y Andalucía, que acusaron una pérdida de significación industrial. Aunque hubo ciudades que tuvieron un despegue industrial notable, como Valladolid, no se consiguió atraer a la industria hacia las regiones carentes de ella. En 1930, los espacios más industrializados representaban el 45% del empleo industrial, pero en 1975 alcanzaba ya el 60%; la tendencia dominante fue la concentración industrial en las grandes áreas metropolitanas. Así, este modelo industrial hizo que aumentaran las diferencias entre regiones ricas y pobres, lo que incidió en los procesos demográficos de emigración y de éxodo rural que vivió la población española y que vinieron a incrementar aún más los propios desequilibrios.

Al final del período, la industria española experimentó una profunda crisis, al ser tributaria en exceso de sus deficiencias estructurales y de la dependencia energética. El encarecimiento de la energía, causado por la gran subida de los precios del petróleo en 1973, incrementó los costes de producción.

La crisis económica, fundamentalmente industrial, que afectó al mundo occidental a partir de 1973, también tuvo sus consecuencias en España, donde se presentó con cierto retraso. Las causas de dicha crisis en lo que a España se refiere, pueden catalogarse de externas, e internas.

Evolución del precio del petróleo (1970-2022)

Las causas externas, ajenas a la industria pero propias del sistema capitalista, fueron los cambios ocurridos en estas fechas en la economía mundial. El encarecimiento de la energía por la gran subida del precio del petróleo en 1973 y en 1979, cuyas consecuencias fueron gravísimas para España, debido a su dependencia energética y al incremento experimentado por el consumo de petróleo y la reducción de la demanda. Igualmente, la Tercera Revolución Industrial creó innovaciones tecnológicas, nuevos sistemas de producción; y nuevos sectores industriales, que dejaron anticuado al sistema industrial anterior. Las nuevas exigencias de la demanda en calidad y diseño requerían una innovación permanente y una diversificación de los productos que no todas las empresas pudieron abordar. Por ultimo, la globalización de la economía favoreció una división internacional del trabajo en la que cada territorio se especializó en los sectores industriales para los que contaba con más ventajas. Así, Nuevos Países Industrializados (NPI), casi todos asiáticos, se especializaron en industrias tradicionales (siderurgia, construcción naval, textil, confección, calzado) y en sectores de montaje, en los que son muy competitivos por el bajo coste de su mano de obra, provocando una crisis de estos sectores en los países industrializados.....

Los factores internos están vinculados a circunstancias específicas de la historia española de ese momento. En 1975 murió Franco, lo que significó el inicio de la transición política; esta situación, por una parte, generó incertidumbre y paralizó las inversiones empresariales, y, por otra, retrasó las medidas políticas de ajuste ante la crisis (se tomaron diez años más tarde), medidas que ya todos los países europeos habían empezado a adoptar, pero que en España no se implantaron por temor a que el descontento social diera al traste con la democratización. Este factor se combinó con la persistencia de los problemas heredados de la etapa desarrollista, que lastraban la evolución de la economía española. Entre ellos, destacan los siguientes: una desfavorable especialización sectorial en sectores maduros (siderurgia, naval, textil...), que eran los que estaban sufriendo la crisis con mayor fuerza; una baja productividad y un aumento de los costes; un escaso esfuerzo innovador, con gran dependencia tecnológica; y  un elevado endeudamiento empresarial, subordinado a créditos bancarios (encarecimiento del dinero). La crisis se agravó ante el retraimiento de las inversiones industriales, a la espera de la evolución política, la caída de la productividad y la tardanza en adoptar soluciones.

Algunos datos estadísticos sobre la industria

Para atajar la crisis, los países industrializados adoptaron desde 1975 políticas de reestructuración industrial. En España, las circunstancias políticas las retrasaron hasta la década siguiente. La reestructuración industrial tiene dos vertientes complementarias: la reconversión industrial y la reindustrialización. Ambas se abordaron con ayudas estatales: financieras (subvenciones y créditos), fiscales (deducciones y bonificaciones) y laborales (facilidades para la regulación de empleo y prejubilaciones).

Manifestación contra los despidos en Cenemesa, en Reinosa, 1987

El objetivo de la reconversión industrial era actuar en breve tiempo sobre los sectores industriales en crisis, realizando los ajustes necesarios para lograr su viabilidad y competitividad. Primeramente, en el periodo 1977-1984 se le encomendó al INI que socorriera a sociedades privadas afectadas por la crisis, con exceso de trabajadores y pérdidas crecientes. También, con esta finalidad se adoptaron en 1984 disposiciones en varias direcciones. Las actuaciones consistieron en ajustar la producción a la demanda. Para ello, se llevaron a cabo cierres de empresas o reducciones de la producción; regulaciones de plantilla mediante despidos o prejubilaciones; y procesos de modernización tecnológica y especialización en productos con mayor demanda, o adoptar nuevos sistemas de gestión, etc.. Los sectores seleccionados para la reconversión fueron sectores maduros con importante participación en la producción y el empleo, aquellos propios de la segunda revolución industrial, con fuerte presencia del INI: siderometalúrgico, construcción naval, línea blanca de electrodomésticos, equipo eléctrico, componentes electrónicos, textil, calzado y fertilizantes. En buena medida, la reconversión afectó a las grandes empresas creadas en la etapa desarrollista, cuyo tamaño no era el apropiado para nuestras necesidades y posibilidades de exportación; por ejemplo, algunas empresas multinacionales también se vieron enormemente afectadas: General Electric, Westinghouse, Talbot, Standard Eléctrica y Asturiana de Zinc. Una segunda dimensión de la reconversión fue la apuesta por los sectores más dinámicos, por lo que se puso énfasis en las industrias de automoción, en las químicas y en las agroalimentarias, con capacidad para activar otros sectores económicos, y en las actividades de alta tecnología, de gran importancia para el futuro. Otra consecuencia inmediata de la reconversión fue una desindustrialización que tuvo un marcado carácter geográfico, puesto que las empresas especializadas en sectores maduros estaban muy concentradas en el espacio; a excepción de núcleos dispersos (Puertollano, Ponferrada, Cádiz, Linares) o áreas metropolitanas (Bajo Llobregat, Sur metropolitano de Madrid ), la crisis afectó en gran medida a la Cornisa Cantábrica; en estas áreas industriales en declive se generaron una serie de problemas económicos (aumento del paro, sociolaborales (saldos migratorios negativos...) y ambientales (paisajes contaminados) que desembocaron en una preocupante falta de expectativas.

El objetivo de la reindustrialización fue recomponer el tejido industrial de las zonas más afectadas por la reconversión, creando nuevas actividades económicas e industrias con futuro, Con ello se pretendía diversificar la actividad económica y generar empleo capaz de absorber a los parados procedentes de la reconversión, actuando como un «tratamiento de choque» que debía actuar en breve tiempo. Las actuaciones más destacadas fueron la creación de las Zonas de Urgente Reindustrialización -ZUR-y de las Zonas Industrializadas en Declive -ZID-. Por un lado, las ZUR se crearon en 1984 y se delimitaron siete zonas, que englobaban a 80 municipios, localizadas en Galicia (Ferrol y Vigo), Asturias (cuenca central), País Vasco (área metropolitana de Bilbao), Andalucía (bahía de Cádiz), Cataluña (área metropolitana de Barcelona) y Madrid..; concedían incentivos fiscales y financieros a las empresas que instalasen, ampliasen o trasladasen fábricas a estas zonas -siempre que generasen nuevos puestos de trabajo y fuesen viables-, y subvenciones por incorporar a parados procedentes de la reconversión; las ZUR se crearon por un máximo de tres años; los nuevos planes pretendían recomponer así el tejido industrial sobre las bases de la modernización tecnológica y de la implantación de nuevas actividades de futuro. Tras este plazo, y de acuerdo con la nueva normativa comunitaria sobre incentivos regionales, se crearon las ZID, que se implantaron en 1988 en las zonas gravemente afectadas por la reconversión industrial-Ferrol, Asturias, Cantabria, País Vasco y Extremadura-. En ellas se concedían subvenciones a la inversión empresarial durante un máximo de cuatro años. Tras este plazo, las ZID se integraron en las Zonas de Promoción Económica de su comunidad autónoma. Los resultados positivos de la reindustrialización fueron un crecimiento de la inversión y de la diversificación industrial de zonas antes muy especializadas. Pero también hubo insuficiencias: generó menos empleo del previsto; las ayudas beneficiaron principalmente a las grandes empresas y a los sectores con menor capacidad de innovación; y se acentuaron los desequilibrios regionales, fosilizando el modelo surgido en el siglo XIX, que fue consolidado en el periodo franquista. pues Madrid, Barcelona y el País Vasco se llevaron la mayoría de las subvenciones y del empleo ante el escaso atractivo de las demás zonas.

Las consecuencias inmediatas de la crisis se tradujeron en una descentralización de la industria medida en términos de producción y, sobre todo, de empleo. La tasa de desempleo refleja las políticas de ajuste estructural y sectorial durante la primera reconversión industrial (1985-1989). Las consecuencias espaciales de la crisis se resumen en dos aspectos la desindustrialización de algunas áreas que antes eran centrales (el norte peninsular o enclaves aislados como Béjar, Ponferrada, Riotinto, Almadén) y la mayor capacidad de atracción de otros espacios que antes eran considerados como periféricos o secundarios (áreas rurales o rururbanas).

La entrada de España en la CEE (hoy UE)

La incorporación de España a la Comunidad Económica Europea en 1986 supuso nuevos retos (adopción de la normativa comunitaria, integración en un mercado muy competitivo ), pero también ventajas (mayor mercado para nuestros productos, fin de los aranceles comerciales, entrada de capital extranjero, ayudas europeas a las regiones afectadas por la reconversión mediante los fondos estructurales). Todo ello favoreció la recuperación de la industria española hasta la crisis internacional de 1990-1994, provocada por las alteraciones monetarias derivadas de las medidas adoptadas por la Unión Europea para preparar su unión económica y monetaria, el estancamiento de la demanda y el incremento de los costes laborales.

El 5 de septiembre de 1995, 'El País' abrió su portada con los primeros brotes de violencia en los astilleros de Cádiz.

Por entonces, estas circunstancias habían agravado la presión para muchas empresas españolas que no podían competir con las europeas, lo que obligó a replantear una segunda reconversión industrial en 1991, cuando aún no se había concluido la primera en algunos sectores. Esta segunda fase de la reconversión industrial se desarrolló entre 1993 y 1997. Esta nueva fase volvió a tener graves efectos en el aumento del desempleo en el sector secundario. Al respecto, las directrices marcadas por la CEE fueron continuar con el proceso de reconversión y liberalizar el mercado industrial, que era excesivamente proteccionista. También defendió invertir en proyectos de ampliación y modernización tecnológica o fomento de sectores dinámicos, para lo cual se recibieron ayudas de los fondos comunitarios. Asimismo, se apoyó a las PYMES (financiación, información, internacionalización...) y se aumentó la inversión en investigación. Esto se realizó a través de los denominados Programas Marco de Investigación y Desarrollo (I+D), hoy llamados I+D+i (Investigación, Desarrollo, Innovación). El objetivo era incrementar el número de investigadores para competir en un mercado europeo y mundial donde la innovación aumenta el valor añadido de los productos.

A partir de 1985 el INI también modificó sus funciones. Siguiendo las indicaciones de la CEE, definió una política industrial global y abordó coordinadamente la reconversión de sectores en crisis, diseñando estrategias para salir de la situación de bancarrota (ajustes de capacidad, reducción de costes y saneamiento financiero). Además, abandonó sus funciones de subsidiariedad (subsidios) y las sustituyó por las de competitividad. Entre 1985 y 1989 el INI se desprendió de muchos negocios, privatizando y vendiendo unas sociedades, y liquidando o cerrando otras. Algunas de las ventas (privatizaciones) más importantes fueron las de SEAT (automóviles), Iberia, ENDESA, ENFERSA (fertilizantes). Aceralia, Repsol, Telefónica... Algunas de las empresas que se cerraron fueron Altos Hornos de Vizcaya y Altos Hornos del Mediterráneo (Sagunto). En 1992 se autorizó al INI a constituir una Sociedad Anónima a la que el Instituto aportaría la totalidad de sus acciones en el capital de las compañías en las que aún participaba. La nueva Sociedad Anónima quedó constituida el 4 de julio del mismo año, con el nombre de TENEO. Actualmente se denomina Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y se ha deshecho de prácticamente todas sus participaciones industriales, salvo algunos casos como Hunosa, o RTVE.

Globalización e industria 

El proceso de mundialización o globalización de la economía actualmente en curso tiene una fuerte vertiente industrial. Se está produciendo una amplia concentración empresarial para abastecer a un mercado mundial y ofrecer los productos al mejor precio. Muchas de estas empresas son transnacionales, altamente competitivas y con un poder económico semejante al de algunos Estados en algunos casos. Se ha generalizado la deslocalización industrial gracias a la facilidad e inmediatez de las comunicaciones y el abaratamiento de los transportes La deslocalización consiste en que los procesos de producción no tienen por qué concentrarse en un mismo lugar, ni siquiera en un mismo país. sino que resulta más rentable dispersar la producción en función de las facilidades que se obtengan en cada Estado.

Así estamos ante una nueva división del trabajo. Unos países ofrecen su mano de obra barata: están destinados a la producción; son los llamados países periféricos (Indonesia, República Dominicana...). Otros Estados ofertan su capital financiero, la investigación y la innovación son los países centrales (Japón, Estados Unidos...), y en ellos se sitúan las sedes de la mayoría de las empresas transnacionales. En los países periféricos existen las llamadas zonas económicas especiales o zonas francas, espacios favorecidos por fuertes estímulos, como exenciones fiscales y derechos aduaneros, libertad de repatriación de capitales, mano de obra barata, inexistencia de sindicatos..., que actúan como enclaves industriales propiedad de las multinacionales. 

Algunas multinacionales españolas, como Adolfo Domínguez o Zara, han deslocalizado sus fábricas de confección hacia países del norte de África o Asia, pero el diseño se sigue realizando en España. Otro ejemplo que nos afecta es el de las multinacionales automovilísticas, que realizan en nuestro país el ensamblaje de piezas y el montaje final para poder luego distribuir los productos por todos los países de la UE. España, al igual que el resto de los países, ha tenido que adaptarse a esta nueva realidad. Se dice que España sigue siendo un país semiperiférico, en la medida que no ha conseguido todavía entrar en el círculo de los países centrales. Por ejemplo, en el año 2008 se produjeron numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) de empresas que no ven rentables sus instalaciones en España y buscan el desplazamiento a otros Estados, donde los costes son menores, lo que les reportara mayores beneficios.

Inversión española en I+D respecto a la Unión Europea

El sistema innovador español (I+D+i), a pesar de haber evolucionado mucho en los últimos años, tiene todavía grandes debilidades. La innovación se ha convertido en el principal objetivo de las políticas comunitarias y nacionales.  Las empresas españolas innovan bastante menos que sus homólogas europeas. Esto se debe a que las empresas españolas tienen menor tamaño y muchas corresponden a sectores maduros de naturaleza menos creadora. Además, la mayoría de las empresas se limitan a adoptar las invenciones ya existentes en el mercado, en lugar de innovar estratégicamente. La carencia de una cultura innovadora dificulta la producción y la absorción de ideas nuevas. El esfuerzo dedicado a I+D es escaso, tanto en lo privado como en lo público. Esto viene agravado por una excesiva participación pública, falta de cualificación del personal, escaso espíritu emprendedor y barreras administrativas y financieras, carencias en el aprovechamiento de las TIC, etc. A pesar de ello, ha favorecido la gestación de una red de parques científicos y tecnológicos (APTE) con fuertes lazos de cooperación que está presente en la mayoría de las comunidades autónomas.

Al mismo tiempo, la tercera revolución industrial, vinculada a la revolución tecnológica que ha tenido lugar con el cambio de milenio, ha supuesto importantes cambios en la producción, en la estructura y localización industrial. Ha impulsado nuevos sectores industriales de "alta tecnología", como la telemática o las TIC; la automatización (robótica, ofimática, diseño asistido); la fabricación y desarrollo de modernos medios de transporte (aeroespacial y ferrocarriles de alta velocidad); la biotecnología (ingeniería genética); el láser y las energías renovables, gracias al uso y fabricación de instrumentos de precisión y nuevos materiales (polímeros, aleaciones).

Peso del sector manufacturero sobre el total (%)

No obstante, la crisis de 2007-208 ha lastrado muchos de los logros de la fase expansiva descrita con anterioridad. El estallido de la burbuja inmobiliaria y la reciente crisis económica internacional han tenido su repercusión en la participación de la industria española en la economía nacional, que revela una situación recesiva. La crisis financiera internacional ha ocasionado problemas de financiación empresarial y una fuerte disminución de la demanda interna; sus consecuencias han sido la reducción de la producción, de las ventas y de los precios, junto a la caída de los beneficios empresariales. La industria española ha ido perdiendo peso respecto del conjunto de sectores de la economía nacional, pasando de suponer en el año 2000 el 20,6% del valor añadido bruto (VAB) al 16,14% en 2019; el peso total de la industria respecto al conjunto de la economía española era en el año 2000 del 18,7% y en el 2019 del 14,64%, cifra aún muy lejana del 20% que se había previsto por el Horizonte 2020. Como consecuencia, ha disminuido el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, en un contexto marcado por el gran ascenso del desempleo en España, que ha llegado a superar el 26%; ha incrementado la temporalidad en el empleo e inducido la reducción de la jornada laboral; si para el total de la economía los contratos indefinidos suponen un 63,69%, en el sector industrial esta cifra aumenta hasta el 76,09% en 2020.

Innovación, productividad e internacionalización: un trinomio ganador. Ventas al exterior (%)

Han aparecido también sectores emergentes, entre los que destacan las empresas manufactureras exportadoras, que han salvado así sus negocios ante la caída del consumo interno, y las empresas tecnológicas. No obstante, la crisis y la reducción de los presupuestos públicos han frenado la positiva evolución de la infraestructura científica y tecnológica, base indispensable para la innovación de la industria. En el lado opuesto, los sectores más afectados por la crisis han sido los perjudicados por el estallido de la burbuja inmobiliaria, esto es: las empresas de construcción -que había sido el sector más dinámico- y las de obras públicas. También han sido gravemente perjudicadas las empresas textiles y de confección, el calzado y la industria automovilística qu<e, sin embargo, ha sobrevivido gracias a las subvenciones para la adquisición de nuevos vehículos, la alta cualificación de los trabajadores y las reducciones salariales.

Los últimos años han resultado siendo complejos para la industria española. Primero, vino el parón de la pandemia y después, tras una progresiva recuperación en la segunda mitad del 2020 y confirmada en 2021, la guerra de Ucrania. Especialmente expuesto a las fluctuaciones de los precios de la energía, el sector industrial continúa perdiendo relevancia respecto del conjunto de sectores de la economía nacional. Su peso en el producto interior bruto fue del 15,31%, todavía lejana del 20% previsto por la Unión Europea. Por comunidades, su peso sigue siendo grande en regiones tradicionalmente industrializadas, como Navarra, País Vasco y Rioja, donde más aporta al PIB autonómico. En clave nacional, Cataluña es la que concentra la mayor porción de la industria española, con un 22,07%, casi el doble que Madrid, Andalucía y Valencia, que contribuyen alrededor del 11% cada una. El peso del sector en el empleo nacional es, según los últimos datos recogidos por el informe, del 13,6%, y ha crecido este año mejor que la media del país. La industria española es, de acuerdo con los datos de la agencia Eurostat, la cuarta en cifra de negocios y en valor añadido bruto de la Unión Europea. La diferencia con el tercero, Italia, es prácticamente del doble. Para lograr salvar esa brecha, o volver al menos a niveles previos a la pandemia —la industria española aún no se ha recuperado, y es la quinta que menos ha crecido en 2021—, se debe insistir en la importancia de los fondos europeos.