5.2.1. Antecedentes
La pesca en nuestras aguas tiene sus antecedentes en época prehistórica, alcanzando una dimensión comercial en época antigua, cuando numerosas factorías preparaban conservas y salsas de pescado para su exportación a Romay y a otros lugares del imperio. En la Edad Media, la pesca continuó teniendo un marcado carácter de subsistencia; en el Cantábrico los vascos capturaban ballenas y desde el siglo XIII los barcos accedieron a Terranova, Islandia, Groenlandia, etc., descubriéndose poco después las posibilidades que ofrecía el bacalao para su consumo fresco o curado. Siguiendo la tradición, continuó practicándose durante siglos la pesca de atunes en almadraba, particularmente en la desembocadura del Guadalquivir y el Estrecho de Gibraltar. A partir del siglo XIX la pesca adquirió una dimensión nueva por efecto de la Revolución Industrial y de la aplicación del vapor a la navegación, lo cual favoreció el comercio y las industrias de transformación pesquera.
5.2.2. Siglo XX
En el siglo XX, los arrastreros impulsados por maquinaria a vapor se introdujeron en la flota española por Huelva y Cádiz, y se aplicaron desde 1904 a la pesca de bacalao y, unos años más tarde, de caballa. Su empleo incrementó notablemente las capturas en un momento en que el ferrocarril, ya completamente extendido por la geografía española, facilitaba el transporte del pescado y acercaba su consumo al interior. La industria textil y la metalúrgica fabricaron aparejos y artes de pesca a gran escala, permitiendo a los barcos el alejamiento de la costa y una pesca cada vez más eficaz.
Tras el paréntesis de la Primera Guerra Mundial, se emplearon en la pesca nuevos arrastreros que, importados de Gran Bretaña y Francia, se incorporaron a nuestra flota. Así, a partir de 1925, se inició la moderna pesca de bacalao en Terranova y, desde Asturias, en Gran Sol. En 1930 faenaban ya 40.000 barcos y las capturas rebasaban las 300.000 toneladas. La Guerra Civil paralizó la actividad pesquera en nuestro país y, tras ella, la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar ambas, la fauna piscícola había vuelta a incrementarse. Este hecho, unido a la gradual incorporación de los motores de combustible líquido, permitió el aumento de las capturas hasta niveles insospechados, que se mantuvieron durante las décadas siguientes, coincidiendo con el desarrollo de nuevas técnicas, que permitían la pesca de arrastre en fondos de hasta 6.000 metros de profundidad.
Con todo, las transformaciones más espectaculares en la pesca se produjeron, al igual que en la agricultura, en la década de 1960. En 1961, en el contexto del I Plan de Desarrollo Económico, se promulgó una ley que aspiraba a modernizar la flota pesquera y a reestructurar la actividad, que tenía un excesivo componente artesanal y se botaron los dos primeros buques congeladores de la flota española (Lemos y Andrade), que fueron a faenar a Sudamérica y a Sudáfrica, a más de 6.000 millas de sus puertos de origen. A partir de este momento, subsistió la pesca de bajura, pero el grueso de las capturas empezó a recaer en una moderna flota congeladora muy bien equipada para la pesca en las aguas del Sahara, Angola, Mozambique y Atlántico noroccidental. Así, en los años 1970, España alcanza su récord de capturas de pescado. Pronto comenzaron a plantearse los problemas de una flota sobredimensionada, de unos caladeros sobreexplotados y otros de difícil o imposible acceso por el nuevo Derecho del Mar que comenzaba a surgir.
5.2.3. El nuevo Derecho del Mar y la Política Pesquera Común
Desde la Edad Moderna se aceptaba que las aguas adyacentes pertenecían a los Estados costeros, sin especificar hasta qué distancia. Tras la II Guerra Mundial, Estados Unidos da un paso importante en el surgimiento de un nuevo Derecho del Mar, que venía a suponer que el mar se valoraría no sólo en términos de espacio de pesca sino de explotación de recursos reales o potenciales. Una vez que Perú, Chile y Ecuador declaran en 1952 aguas jurisdiccionales las comprendidas entre la costa y las 200 millas, en 1976, Estados Unidos también lo hace, con la finalidad de liderar las negociaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Los estadounidenses consiguen que las aguas resultantes de la ampliación se consideren como Zonas Económicas Exclusivas (ZEE).
Las declaraciones de ampliación de dominio se generalizaron, lo que significó, que en adelante, el 90% de los recursos pesqueros mundiales quedaban comprendidos en los límites de las zonas privativas de aprovechamiento. Para España las consecuencias fueron inmediatas y muy perjudiciales, al quedar cortado el acceso a los caladeros tradicionales, situados en aguas que, hasta entonces, habían gozado de la condición de internacionales y de libre aprovechamiento pesquero.
5.2.4. España y la Política Pesquera Común
Con este contexto internacional, España ingresó en la Europa Comunitaria en un momento de enormes problemas. Su potencial pesquero y su acceso a pesquerías europeas se veían asimismo con recelo en el resto de Europa. Por esto, al firmar la adhesión se le exigen condiciones muy duras, como los diecisiete años para la plena incorporación, que sería en el año 2002. Igualmente, nuestra la incorporación, junto a la Portugal, provocaba que los países miembros buscaran con anterioridad una línea común de actuación que se concretaba, tres años antes de la misma, en los Reglamentos de la Europa Azul (1983).
Desde su ingreso, España participa de la primera Política Pesquera Común (PPC) que guardaba gran afinidad con la PAC y contenían cuatro puntos básicos:
1) La política de conservación de recursos: tiene la finalidad de establecer las Tarifas Anuales de Capturas, base para la asignación de cuotas a los países miembros.
2) La política estructural está orientada a la mejora de las estructuras pesqueras, de la industria transformadora y de los equipamientos portuarios, trata de ajustar la flota a las disponibilidades de pesca.
3) La Organización Común de Mercados (OCM) tiene una gran similitud con la agraria y está encaminada a establecer y garantizar rentas equitativas a los pescadores, y precios razonables a los consumidores.
4) La política de acceso a los caladeros exteriores se realiza mediante acuerdos de diversa naturaleza con terceros países para que los buques de los países comunitarios puedan pescar en sus respectivos caladeros.
Los objetivos eran garantizar la seguridad del abastecimiento de pescado; conseguir precios asequibles para los consumidores; y un nivel de vida justo para los pescadores. Las medidas para alcanzarlos fueron la regulación del acceso a los caladeros europeos y la gestión de los tratados de pesca con otros países; la creación de un mercado común europeo, con OCM que regulan los precios de los productos; y la concesión de ayudas para la modernización de los buques. Desde su incorporación, España promovió numerosas iniciativas y alcanzó importantes logros, particularmente subvenciones que permitieron la construcción de un millar de buques nuevos y la reconversión de más de dos mil, con una inversión cercana a los 1200 millones de euros. Con todo, el logro más importante fue el acortamiento del período transitorio, que concluyó en el año 1996, lo cual facilitaba la plena integración en la Europa Azul, el acceso a caladeros europeos antes prohibidos y la negociación con otros países. Los resultados de esta política ocasionaron problemas que se manifestaron en la década de 1990: un incremento de la capacidad pesquera de la flota muy superior a los recursos existentes y problemas medioambientales relacionados con la sobre explotación de los recursos y la contaminación del medio marino. Para resolverlos, fue preciso reformas en la PPC.
En 2002 se efectuó una reforma de la PPC introduciendo nuevos planteamientos como lograr el desarrollo sostenible de la pesca en su dimensión económica, ecológica y social. Esto estaba relacionado con el nuevo modelo de gestionar la pesca considerando el mar como un ecosistema. Suponía pasar de entender el mar como fuente de recursos (el pescado) a hacerlo como medio generador de bienes (los peces) que tienen que ser aprovechados sin comprometer su existencia. También se adoptaron nuevas medidas comunitarias, como la elaboración de medidas plurianuales, creación de medidas de financiación, gestión de las flotas de pesca, las relaciones con países no comunitarios basadas en la asociación para el desarrollo de una pesca sostenible y responsable,…
Posteriormente, la reforma de la PPC de 2013 pretendía hacer frente a los retos pesqueros de los siguientes años. Sus objetivos eran: garantizar un abastecimiento de pescado seguro, variado y de calidad a largo plazo; conseguir una pesca sostenible y contribuir al desarrollo territorial de las regiones pesqueras, manteniendo a la población, creando empleo y diversificando la economía. Las medidas para alcanzar estos objetivos se financiaban mediante el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP); financiaba medidas de mercado, como la promoción o las compras y el almacenamiento de productos pesqueros cuando los precios bajan de cierto nivel; y, también otras medidas para mejorar la competitividad a través del desarrollo tecnológico, el conocimiento y la innovación; para el cuidado medioambiental; y para la mejora del nivel de vida y del empleo.