Los factores ecológicos o físicos son aquellos que responden a las características del medio natural donde se desarrolla la actividad agraria y son fundamentalmente tres: el relieve, el suelo y el clima En la agricultura tradicional estos factores condicionan en un alto grado la actividad agraria, en la agricultura moderna su importancia es menor, pues la tecnología puede suplir algunos de estos condicionantes físicos.

El clima es el factor físico más importante, condicionando los principales tipos de paisajes agrarios, estando presente a través de las temperaturas, precipitaciones, granizadas,  heladas, ... Los diversos dominios agrarios reflejan los distintos tipos de climas existentes en España (atlántico, mediterráneo, continental, canario o de montaña...). Como características generales debemos destacar que la sequía estival (que combinada con las altas temperaturas, exigen un grado de adaptación elevado cuyas consecuencias agrarias han sido la adopción de la trilogía de cultivos mediterráneos (olivo, vid y cereales) y la implantación del regadío para contrarrestar los efectos de la aridez estival. Además, los climas españoles se caracterizan por una gran irregularidad de unos años a otros, siendo frecuentes las sequías, las olas de calor, las de frío, las granizadas, las tormentas...  En el dominio de clima mediterráneo interior, la escasez y la irregularidad de las precipitaciones y las grandes amplitudes térmicas son, junto a las heladas tardías, las mayores limitaciones que sufre la agricultura. A esto hay que añadir las lluvias torrenciales (gota fría) típicas del clima mediterráneo costero. La disimetría hídrica ha obligado a construir numerosos embalses y a trasvasar agua de unas cuencas a otras, así, por ejemplo, el trasvase Tajo Segura ha permitido regar las tierras del Mediterráneo español.

El relieve condiciona la actividad agraria a través de la altitud y las pendientes. La altitud influye a través del clima (gradiente térmico y efecto foehn) y las pendientes y desniveles afectan a la formación y al grado de estabilidad de los suelos, a las condiciones y formas de laboreo, a la vulnerabilidad a la erosión, a la circulación del agua, a las posibilidades de mecanización, ... De esta forma, la elevada altitud es uno de los factores adversos para la práctica de la agricultura en España. Solo el 11,4% del territorio español se sitúa por debajo de los 200 m (que es el nivel óptimo para la práctica de esta actividad) y un 88% tiene una pendiente superior al 5% (lo que provoca desprendimiento de suelos y dificulta la mecanización de las labores agrarias). Además, la disposición del relieve peninsular, con la Meseta en el interior flanqueada por los rebordes montañosos, crea unas condiciones de continentalidad que no son las óptimas para el desarrollo de las actividades agrarias.

Los suelos aluviales o pedregosos , por su textura, son los suelos más indicados para el cultivo de la vid

Las características litológicas marcan de manera profunda los suelos y sus variantes. Los suelos son mediocres, pero, no obstante, hay que distinguir entre los de sustrato de sílice (los más malos), los calizos o los arcillosos (los más adecuados para el cultivo). Así, sobre sustrato calizo se desarrollan suelos poco evolucionados y básicos (valle del Guadalquivir). Sobre sustrato silíceo, los suelos son pobres (de Sierra Morena a Zamora). A estos habría que añadir los suelos aluviales transformados en regadío y sobre los que se asientan las huertas y vegas españolas (Valencia, Murcia...) y los suelos volcánicos de las islas Canarias. La abundancia de suelos con exceso o defecto de acidez produce una deficiente fertilidad, que nuestros agricultores compensan con grandes cantidades de abono. Por otra parte, la gran extensión de la España arcillosa (material fácilmente erosionable) y la excesiva explotación y ocupación del territorio han derivado en la consiguiente erosión, favorecida por las aguas de arroyada típicas de nuestro clima mediterráneo.

Además de la estructura agraria, vamos a considerar la evolución histórica de la agricultura, la población activa agraria, la estructura de la propiedad y los avances técnicos.

1.2.1. Evolución histórica

Hasta el siglo XIX, más del 70% de la población activa se dedicaba al sector agrario, un sector agrario dominado por las propiedades extremas y amortizadas, por la importancia de los factores físicos, la energía y abono biológico y el predominio de la economía de subsistencia. A partir del siglo XIX, al hilo de ese lento proceso de transformación que fue en España la revolución industrial, aparecen transformaciones agrarias de efectos limitados como la desamortización, la aplicación de adelantos tecnológicos y la reducción lenta de la población activa. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aunque había bajado significativamente el % de población activa dedicada al sector primario, España seguía siendo agraria; existía una dualidad entre un sector moderno y exportador y otro antiguo, atrasado y muy cercano a la economía cerrada. Habría que esperar a la década de los sesenta  del siglo XX para que se produzca la verdadera y completa crisis de la agricultura tradicional y la llegada de una agricultura moderna. A partir de ahí se ha profundizado progresivamente en esta modernización, suponiendo un hito importante la entrada de España en la UE.

1.2.2. La población agraria

El carácter agrario de la sociedad española ha imperado a lo largo del siglo XX. En 1900, la población activa agraria se acercaba al 69% del total y la agricultura era el principal recurso y mercado de trabajo. Se trataba de una agricultura arcaizante, con sistemas de cultivo tradicionales, que requería mucha mano de obra y, por ello, daba trabajo a un amplio número de personas en una época de plena expansión demográfica.

A lo largo del siglo XX se asiste a una lenta pero continua disminución de efectivos en el sector primario. La excepción fue la etapa de la posguerra de la Guerra Civil, entre 1940 y 1950. En este momento tuvo lugar una «reagrarización»: la población, obsesionada por la falta de alimentos y por el escaso trabajo industrial, volvió a residir en el campo y a ocuparse en labores agrarias, de ahí ese repunte de los valores absolutos que observamos en la estadística en 1955.

El descenso se agudizó a partir de los años 60. La aprobación del Plan de Estabilización y los Planes de Desarrollo dieron un giro a la política económica, cuya consecuencia inmediata va a ser el éxodo rural masivo que tuvo lugar en nuestro país entre 1959 y 1975. Este éxodo estuvo motivado por la mecanización de las tareas agrarias, por lo que se necesitaba menos mano de obra campesina, y por las bajas rentas del campo, que llevaron a buena parte de la población a acudir a los núcleos industriales nacionales en busca de un trabajo y una vida mejor. Se produjo, por tanto, un desplazamiento sectorial, un trasvase de mano de obra desde el sector agrario al sector industrial y de servicios. Desde entonces, el ritmo de reducción de la población activa en el sector primario ha sido vertiginoso, hasta llegar en los últimos años del siglo XX al 7% de la población activa total. Aunque, en general, la mano de obra en el sector primario es pequeña en todas las Comunidades Autónomas, la situación varía mucho de unas a otras.

En la actualidad, existen Comunidades en las que la población agraria empleada tiene una escasa importancia, como ocurre en Madrid (donde ocupa al 0,4% de la población activa) o en el País Vasco y Cataluña (1,4%), frente a otras que superan ampliamente la media nacional, como Murcia (11,6%) Extremadura (9,5 %), o Andalucía (7,8 %). La respuesta está en el predominio de actividades económicas relacionadas con el sector secundario y terciario. Las Encuestas de Población Activa (EPA) ponen de manifiesto la drástica reducción de las ayudas familiares y el correlativo incremento del trabajo asalariado, tanto fijo como eventual. Es de destacar la relevancia del trabajo de las mujeres en las explotaciones familiares como eventuales y en la industria agroalimentaria. Un 22,82% del empleo agrario está en manos de las mujeres (destaca el empleo femenino en Galicia o Asturias), a lo que hay que unir también la correspondiente a la mencionada industria.

Las consecuencias de esta evolución han sido: el despoblamiento de los espacios rurales (lo que ha acentuado los desequilibrios territoriales) y el consiguiente envejecimiento de la población rural. Se establece así un círculo vicioso: el despoblamiento motiva la desaparición de equipamientos sociales y culturales en esas zonas, lo que hace poco atractiva la permanencia en el campo, por lo que aún pierden más población. Las dificultades de encontrar empleo en la ciudad están llevando a la práctica de la agricultura a tiempo parcial, un ligero retorno de población a algunos núcleos rurales y el incremento de jóvenes dedicados a esta actividad agraria y a otras nuevas. Esto se ve favorecido, además, por las ayudas de la UE, cuyo objetivo prioritario es evitar el despoblamiento rural.

1.2.3. La estructura agraria: regímenes de propiedad, tenencia y explotación de la tierra
 
Ahora, resulta muy importante que distingamos claramente los conceptos propiedad (término jurídico) y explotación (término económico), siendo la tenencia la forma de dominio sobre la explotación.

La parcela es la unidad mínima de explotación y es la extensión de tierras que están bajo una misma linde. El conjunto de parcelas de un mismo empresario es la explotación, independientemente del régimen de tenencia. A su vez, la propiedad es un concepto jurídico que se refiere al dueño de la tierra. La propiedad de la tierra supone que el propietario tiene libertad para hacer o no hacer uso de ella;  es decir, un propietario puede explotar su tierra, en cuyo caso sería propietario y empresario a la vez, o bien puede delegar en otra persona para que trabaje esa tierra: en este caso no sería empresario, pero si propietario. Por ello, también, podríamos considerar la explotación como una «unidad técnico-económica de la que se obtienen productos agrarios bajo la responsabilidad de un empresario», que puede ser o no el propietario de la tierra. Esta dualidad nos da pie a hablar del régimen de tenencia, que es el grado de dominio sobre la explotación. Estaremos ante la tenencia directa cuando coinciden propietario y empresario e indirecta si no coinciden. Cuando propietario y empresario coinciden, estamos ante un régimen de tenencia directo y, cuando no coinciden, el régimen de tenencia es indirecto. Este último puede tener dos variedades el arrendamiento", cuando el empresario explota las tierras a cambio del pago de un alquiler a su propietario, y la aparcería, cuando las explota cambio de la cesión al propietario de parte de los beneficios (se paga un % de la producción). Últimamente está disminuyendo en España el régimen de aparcería. Otro régimen de tenencia importante en la actualidad es el régimen de cooperativas, que a su vez presenta diversidad de formas. 

Debido al proceso de modernización sufrido en nuestra estructura agraria han disminuido últimamente las explotaciones. Según el Censo Agrario de  2020, el número de explotaciones agrícolas fue de 914.871 en 2020, lo que representa un 7,6% menos que en el censo de 2009. Por otro lado, al hilo de las últimas transformaciones, también han aumentado el tamaño medio de la propiedad, disminuyendo el número de pequeños propietarios, pese a la resistencia que ofrece la agricultura a tiempo parcial. La superficie media por explotación fue de 26,37 hectáreas, en el mencionado Censo de 2020, con un aumento del 7,4%, respecto al anterior. Igualmente, el tamaño medio del suelo laborable de las explotaciones agrarias es bastante adecuado, pero presenta el inconveniente de que cada explotación está formada por varias parcelas. La excesiva parcelación provoca pérdidas de tiempo en el traslado de una parcela a otra, reduce el espacio para los cultivos por la multiplicidad de lindes y dificulta la mecanización y el aprovechamiento racional del suelo. De ahí la Ley de Concentración Parcelaria", que a partir de la década de 1950 intento solucionar este problema. En la actualidad, la dimensión promedio de las explotaciones ha aumentado mientras que su número ha disminuido, como consecuencia del éxodo rural y del éxito de la concentración parcelaria en algunas zonas.

No obstante, todavía la propiedad de la tierra en España se caracteriza por el predominio de los valores extremos y por la escasez de propiedades de tamaño medio. Coexiste el mismo dualismo que en la propiedad; las explotaciones de menos de 5 hectáreas suponen más del 60% del total, reuniendo el 5% de la superficie, mientras que las explotaciones que superan las 200 hectáreas acaparan más del 51% de la superficie

La gran propiedad o latifundio (más de 100 ha) reúne a más del 50% de las tierras y solo al 0,8% de los propietarios. Predomina en Andalucía occidental, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura. El latifundismo español tiene su origen en un proceso histórico que se remonta a la Edad Media, a las encomiendas de las Órdenes Militares (Extremadura, Castilla-La Mancha) y a los repartimientos (Andalucía occidental) de la época de la Reconquista, y que se consolidó con la desamortización en el siglo XIX. Entonces se produjo un cambio radical en las características de los propietarios: la Iglesia, las Órdenes Militares y los municipios fueron sustituidos por una oligarquía terrateniente. Además, un gran número de jornaleros y pequeños propietarios, que hasta entonces se habían beneficiado de los bienes comunales, fueron privados de importantes recursos para su subsistencia. En definitiva, el latifundio predomina en la mitad sur-oriental y fue la base del problema agrario español del siglo XIX y XX, con la fuerte conflictividad social que ocasionó. Tradicionalmente el latifundio se ha asociado a una agricultura extensiva de bajos rendimientos y gran número de jornaleros con problemas de paro estacional.

La pequeña propiedad o minifundio (menos de 10 ha) reúne solo el 10,5% de la tierra y al 53,2 % de los propietarios. Predomina en Galicia, con una excesiva parcelación agraria, pero también en otras provincias de Castilla y León (Segovia, Burgos, Ávila, León), así como en Cantabria, Comunidad Valenciana, Asturias y Canarias. El minifundio, con una agricultura intensiva, lo hizo fuerte en la mitad noroccidental y tiene la losa de la falta de competitividad y rentabilidad por la ley de economía de escala, dado que los bajos ingresos que proporciona no permitían la modernización.

La mayoría de los latifundios o grandes propiedades actualmente son empresas agrarias, mientras que en las propiedades menores se han planteado otras posibilidades, como el cooperativismo, la concentración parcelaria, o la agricultura a tiempo parcial, en muchos casos iniciativas insuficientes para evitar el éxodo rural, que ha favorecido la concentración de la propiedad en menos manos.

Hoy, a la hora de estudiar las explotaciones agrarias, más que tener en cuenta su tamaño, se analiza la rentabilidad, es decir, la capacidad de generar ingresos, si bien es cierto que tamaño y rentabilidad suelen estar interrelacionados. Así, el INE no utiliza los términos latifundio, minifundio y mediana propiedad, sino que clasifica las explotaciones agrarias según sus Unidades de Dimensión Económica (UDE), homologables en todos los países de la UE. Una UDE equivale a 1.200 euros. Según esta unidad, se consideran explotaciones de baja rentabilidad aquellas cuyo margen bruto es inferior a 8 UDE (9.000 euros), que suelen ser explotaciones familiares; de rentabilidad media a las comprendidas entre 8 y 40 UDE (entre 9.601 y 48.000 euros), y de gran rentabilidad las de más de 40 UDE (más de 48.000 euros), que son las explotaciones de carácter empresarial.

1.2.4. Mecanización. Los factores técnicos, investigación y nuevas tecnologías.   

Evolución del mercado de maquinaria de suelo en España.

La plena incorporación de la actividad agraria española a una economía de mercado ha hecho que estos factores tengan una gran incidencia. Todos los factores técnicos persiguen aumentar o/y adelantar la producción y disminuir los costes por mano de obra. De esta manera, al tiempo que el peso de la agricultura en el PIB y la población activa agraria han ido descendiendo, el campo español ha visto aumentar notablemente sus rendimientos y la productividad. Esto se debe a la confluencia de varios procesos.

• Por un lado, la ampliación del riego, la mecanización de las labores agrarias (motocultores, tractores...), el empleo de productos fitosanitarios (plaguicidas, herbicidas, fungicidas...) y fertilizantes, y la selección genética de semillas y razas ganaderas (biorrevolución) han contribuido a compensar las limitaciones que los factores ecológicos imponían la agricultura y la ganadería.

• Por otro, se están introduciendo nuevos cultivos (transgénicos, tropicales...) y nuevas técnicas (cultivos bajo plástico", enarenados", cultivos hidropónicos... que permiten ofrecer productos agrícolas durante todo el año y que alcanzan altos valores en el mercado.  El Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias concentra los esfuerzos investigadores centrados en las selecciones de semillas, transformaciones genéticas o mejoras de razas, o la seguridad alimentaria  o la mejora en la tecnología de producción agraria y forestal o de los productos para su comercialización. También se ocupa de los polémicos productos transgénicos.

• Además, el agricultor de hoy tiene mayor preparación técnica y está más protegido gracias al aumento de la contratación de seguros agrarios (agroseguros) o la financiación externa a través del Banco de Crédito Agrícola y las Cajas Rurales. La tormenta a destiempo o un largo periodo de sequía son factores físicos que el agricultor no puede evitar, pero si puede protegerse ante posibles adversidades.

• Finalmente, la entrada de España en la UE ha supuesto una adaptación a un mercado muy amplio pero muy competitivo, obligándonos a aumentar la calidad de nuestros productos. Una iniciativa en este sentido son las Denominaciones de Origen y las marcas de identificación geográfica que garantizan esa calidad.

La política agraria española experimentó una enorme transformación tras la entrada en la UE en 1986, por eso tenemos que distinguir un antes y un después de esa época.

1.3.1. Hasta la entrada en la Unión Europea

La principal medida política que afectó al espacio rural fue la desamortización del siglo XIX, protagonizada por los partidos liberales. Esta desamortización pretendía corregir uno de los problemas más antiguos de la agricultura española, el sistema de propiedad de la tierra, pero su aplicación tuvo escasos resultados; no obstante, significó el paso de la propiedad amortizada a la individual y capitalista; aunque aumentó el proceso de concentración de la propiedad posibilitó la explotación capitalista y moderna del campo español. 

Sin embargo, se llegó al primer tercio del siglo XX con una agricultura en la que pervivían todavía muchos rasgos feudales, dentro de un marco de tensiones sociales y políticas que exigían una necesaria reforma agraria. Este cambio podía ser de tipo técnico (ampliación de la superficie regada), como intentaron los primeros planes de regadío de 1902, 1916 y 1919, o social (de redistribución de la tierra y mejora del nivel de vida del agricultor).  La reforma agraria de la segunda República, en 1932, fue el primer intento serio de renovación del sistema agrario español (por la vía de la redistribución de la tierra), pero se vio interrumpido por la guerra civil.

La política agraria franquista abandonó la reforma agraria de carácter social e impuso la de carácter técnico. En 1939 se creó el Instituto Nacional de Colonización (INC), que inauguró una política agraria orientada a la ampliación de la superficie regada. Sus pilares fueron la colonización de nuevas tierras y la extensión del regadío. Las actuaciones se concentraron en Andalucía, Aragón y Extremadura, con los planes Badajoz, Jaén, Monegros, etc. Sin embargo, no se solucionaron los desequilibrios en la propiedad de la tierra (latifundismo), porque el 75% de la superficie transformada en regadío permaneció en manos de los propietarios originales. La construcción de trescientos núcleos de población ofreció vivienda a los colonos agrícolas, que recibieron explotaciones de 5 a 10 ha regables, pero las reducidas dimensiones limitaron la mecanización de los cultivos. Por su parte, el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria (SNCP) actuó especialmente en las dos Castillas, transformando el paisaje agrario mediante la concentración parcelaria durante los años cincuenta y sesenta. Más tarde, en 1971, el INC y el SNCP se fusionaron en el Instituto de Reforma y el Desarrollo Agrario (IRYDA), que continuó su labor y acometió nuevos proyectos de desarrollo rural. Estas medidas se complementaron con la legislación de 1971 sobre grandes fincas consideradas mejorables, que pretendía abordar una reforma de la propiedad de la tierra, pero cuyo alcance fue limitado. Por eso, en las áreas del norte o del litoral mediterráneo, los resultados fueron poco significativos; en cambio, en otras áreas donde predominaba el monocultivo extensivo, si se verificaron buenos resultados, como es el caso de muchas zonas meseteñas o de los valles del Guadalquivir y del Ebro.

Otro aspecto a destacar es la política comercial con respecto a la agricultura; si el siglo XIX representa una lucha entre los intereses proteccionistas de los industriales y los intereses librecambistas de los grandes latifundistas, tras la crisis agraria de finales del siglo XIX se impuso el proteccionismo que ha llegado casi hasta nuestros días. La intervención del Estado en los precios agrícolas intentó asegurar la existencia de alimentos y, posteriormente, mejorar las rentas del sector primario. Así, el Servicio Nacional de Trigo se creó en 1937 para garantizar la producción de cereales, incluyendo la construcción de numerosos silos para almacenar el trigo. A fines de los años sesenta se convirtió en el Fondo de Ordenación y Regulación de Productos y Precios Agrarios (FORPPA), encargado de ordenar los mercados, orientar la producción y asegurar unos niveles mínimos de renta a los agricultores.

1.3.2. Ingreso en la UE  e implantación de la Política Agraria Común (PAC)

La política agraria en España desde los años ochenta forma parte de la Política Agrícola Común de la Unión Europea. Los sucesivos gobiernos han trabajado en el seno del Consejo Europeo para que las diferentes OCM (organización común de mercado) de los productos, las líneas de ayuda, etc., favorecieran a los agricultores españoles, en un contexto complejo al confrontar a veces con los intereses de los agricultores de otros países. Por otro lado, cabe señalar que, si bien el diseño de la política agrícola corresponde a la UE, en España la gestión corresponde a las comunidades autónomas, que son quienes trasladan al sector el sistema de ayudas financiado por la UE.

La PAC (1962) surgió con la finalidad de aumentar la productividad agraria y asegurar un nivel de vida digno a los agricultores europeos y reducir la dependencia alimentaria y las importaciones para estabilizar los mercados y asegurar un nivel de vida digno a los agricultores europeos. En una primera fase, los principios básicos fueron la creación de un mercado único entre los Estados miembros, el establecimiento de proteccionismo aduanero frente al exterior y el establecimiento de la solidaridad financiera a través de Fondo Europeo de Orientación y Garantía de a Agricultura (FEOGA). Se adoptaba el precio agrario del país donde el producto tiene un precio más alto dentro de la UE, lo que incrementa las diferencias entre los precios comunitarios y los mundiales. Estas diferencias son compensadas por el FEOGA. La Organización Común de Mercados (OCM) se encarga del mercado interior de cada uno de los productos más representativos (vitivinícola, aceite de oliva y aceite de mesa,…) fijando precios máximos y mínimos para los mismos. La consecuencia fue un incremento de la producción (con la degradación medioambiental, fruto de la intensificación productiva) y de los excedentes, creando la necesidad de aumentar las exportaciones a terceros países a precios competitivos. 

Por estos motivos en 1985 se inició una reforma de la PAC que dio lugar 1992 a una nueva PAC con distintos objetivos y mecanismos de actuación. En primer lugar, se rebajaron los precios para que fueran más competitivos en el mercado internacional, compensando a los agricultores con subvenciones directas. Por otro lado, se redujeron los excedentes y los gastos del FEOGA mediante diversos mecanismos, como el establecimiento de cuotas a productos altamente excedentarios (lácteos, cereales), la intensificación de la producción (fomentando la dedicación a la silvicultura o el turismo ecológico), la promoción de las regiones más atrasadas, la reducción de las ayudas al comercio exterior y el fomento de las jubilaciones anticipadas. Finalmente, para frenar el éxodo rural, se incrementó la atención al desarrollo rural y se intentó detener la degradación del medio ambiente; así, se introdujeron por primera vez medidas denominadas de “acompañamiento”: forestación de tierras agrícolas, programa de ayudas para acciones de conservación y mejora del medio rural, y ayudas al cese anticipado en la actividad agraria. Para evitar el abandono del campo se implementaron iniciativas para el desarrollo rural (impulso del empleo local y mejora de infraestructuras).

España se integró en la CEE en 1986, en este contexto de cambio, y, por tanto, tuvo que adaptarse a la nueva PAC. Se estableció un periodo de transición de siete años para los productos con organizaciones de mercado semejantes a las comunitarias y de diez años para los productos con diferencias fundamentales, como era el caso de las frutas, hortalizas, vinos y grasas vegetales. De esta manera, se exigió la reducción de leche, cereal y viñas, lo que afectó mayoritariamente a la cornisa cantábrica y al interior peninsular. Sin embargo, los productos de huerta, frutales y oleaginosos de Levante y Andalucía mejoraron sus mercados en la UE. Además, la consecuencia directa fue la reducción del presupuesto comunitario para la agricultura y el FEOGA y el freno de la degradación medioambiental. A lo largo de este período, la política de precios, intercambios y ayudas tuvo que adaptarse a la comunitaria. Los precios agrarios aumentaron, puesto que en general eran más bajos que los comunitarios, y los intercambios se liberalizaron, reorientando parte de las importaciones a favor de la Unión y en detrimento de abastecedores tradicionales como Estados Unidos o América Latina. Las ayudas oficiales aumentaron y se aproximaron a las europeas.

La PAC tuvo que afrontar años después nuevos problemas. La Agenda 2000 surgió ante los retos provenientes de la ampliación de la UE con los países de la Europa central y oriental (PECO). Así, se estableció un nuevo reglamento único de desarrollo rural, la reforma de las OCM de los principales sectores agrarios y las perspectivas financieras hasta el año 2006. El resultado fue la reducción de los precios garantizados de los productos agrícolas, lo que perjudicaba al agricultor con la bajada real de los precios de mercados. En el año 2003, la Política Agraria Comunitaria (PAC) modificó su orientación en pro de una mayor competitividad y adaptación a la demanda y restringió las ayudas económicas. En España esto obligó a limitar muchas de las inversiones previstas y desaparecieron áreas de cultivos subvencionados como el tabaco y el algodón. En el año 2004 se unieron finalmente a la UE diez nuevos países que se beneficiaron de la estabilidad de los precios y de las ayudas económicas, pero el incremento de sus tierras de cultivo (un 30% más de tierras) obligó a replantear la agricultura comunitaria.

La nueva PAC (vigente hasta el 2013) fijó un pago único por la superficie de la explotación, independiente de la producción y condicionado al cumplimiento de las normas medioambientales. Este pago se va reduciendo cada año, lo que garantizaba el presupuesto comunitario durante este período. El despoblamiento de las áreas menos favorecidas se intentaba frenar con una nueva política de desarrollo rural. Las consecuencias fueron la intensificación de la producción, lo que puede degradar del medio ambiente, el cambio de cultivos o su abandono, y la pérdida de empleo en el campo y en las industrias agroalimentarias. Para este periodo 2007-2013 a España se les asignaron 7219,9  millones de euros (el 7,9 del total del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER), a los que había que añadir las aportaciones del Estado y de las Comunidades Autónomas. De estos recursos europeos, algo más del 44% fueron obligatoriamente destinados a las regiones en las cuales era preciso alcanzar el objetivo de la Convergencia (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Principado de Asturias y Murcia); en las demás regiones el respectivo Plan de Desarrollo Rural sería financiado únicamente poa el Estado y la Comunidad Autónoma.

Para el periodo 2014-2020, la UE se asignó a España una ayuda de 7451 millones de euros a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural, aprobado finalmente en 2015. Este programa tenía como objetivos esenciales: aumentar la productividad de la agricultura y la silvicultura para que sean competitivas en los mercados internacionales; desarrollar la industria agroalimentaria, la primera del sector industrial español, para aumentar el valor añadido de los productos agrarios y forestales; y, mejorar el medioambiente y el entorno rural, así como la calidad de vida y diversificación en las zonas rurales.

La nueva PAC, que se aplicará de 2023 a 2027, conserva los elementos esenciales de la PAC anterior, pero pasa de ser una política basada en la descripción de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios finales de las ayudas a ser una política orientada a la consecución de resultados concretos, vinculados a tres objetivos generales:

• a) fomentar un sector agrícola inteligente, competitivo, resiliente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria a largo plazo;

• b) apoyar y reforzar la protección del medio ambiente, incluida la biodiversidad, y la acción por el clima y contribuir a alcanzar los objetivos medioambientales y climáticos de la Unión, entre ellos los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París;

• c) fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.

Estos objetivos generales se desglosan a su vez en nueve objetivos específicos, basados en los tres pilares de la sostenibilidad y complementados con un objetivo transversal común de modernizar el sector agrario a través del conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas rurales. Una de las principales novedades de la PAC 2023-2027 es que todos los Estados miembros deben contar con un Plan Estratégico de la PAC en el que se indiquen las intervenciones o medidas con las que se pretenden alcanzar los objetivos de la PAC y la ambición del Pacto Verde Europeo. El diseño de las intervenciones se basa en un análisis minucioso de las necesidades del sector agrario y el medio rural en su conjunto. De esta manera, se pretende que la PAC responda mejor a los retos presentes y futuros, como el cambio climático o el relevo generacional, sin dejar de apoyar a los agricultores para conseguir un sector agrícola sostenible y competitivo. El Gobierno asegura que lo adecuado para conocer el dinero destinado a España es hacer las comparaciones en términos corrientes y defiende que España recibirá 47.682 millones de euros, que es una cantidad muy similar a la del periodo precedente.

En definitiva, la entrada de España en la Unión Europea modificó grandemente el agro español. Los intercambios con la UE se liberalizaron y España adoptó el principio de preferencia comunitaria y la tarifa exterior común para los productos de los terceros países, teniendo España que realizar un gran esfuerzo para modernizarse y aumentar la productividad, la calidad y la competitividad. La agricultura y ganadería española gozaron del desarrollo y de las consecuencias positivas de la PAC, como el resto de las actividades agrarias europeas, pero a partir de la década de los noventa la PAC se ha visto sometida a diversas reformas para paliar sus consecuencias negativas (precios más altos que el mercado mundial, excesivo gasto de la PAC, impactos medioambientales y despoblamiento de las zonas rurales). Las sucesivas reformas de la PAC han fomentado las explotaciones competitivas y el paso a actividades forestales de las menos productivas, la reducción de los productos no competitivos, la agricultura ecológica y la multifuncionalización en el mundo agrario.