5.1. Servicios públicos
Actualmente, en España existe lo que llamamos Estado del bienestar o Estado social. Esto significa que el Estado español ha asumido la responsabilidad de garantizar a los ciudadanos la protección de las necesidades o derechos sociales. Esto se traduce, esencialmente, en la existencia de una serie de servicios sociales, sobre todo sanidad y educación, y también de unas determinadas prestaciones económicas en términos de pensiones, subsidios o ayudas en circunstancias concretas. Además, desde la configuración de la España de las autonomías, el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas; existen, por lo tanto, además de servicios administrativos de carácter nacional, servicios de carácter local y regional. Su deber es regular el funcionamiento de la sociedad española. Estos servicios se concentran en los núcleos urbanos, fundamentalmente en aquellos que sirven al resto de sus provincias y, sobre todo, de sus comunidades, en calidad de capitales administrativas. La ciudad de Madrid, sede del gobierno y capital del Estado español, se configura como el principal centro de servicios, también administrativos, del país.
Los más destacados de estos son:
La administración pública desarrolla una actividad terciaria, ya que organiza y ofrece servicios orientados a satisfacer las necesidades de la sociedad desde tres ámbitos: administración local (ayuntamientos), administración autonómica y administración central. Coexiste un proceso de crecimiento con la paulatina privatización de parte de los servicios. Este sector concentra más de una cuarta parte del empleo terciario y un 15% del total.
La Sanidad y los servicios sociales son servicios básicos dirigidos a toda la población, prestados en gran porcentaje por la administración pública, aunque también hay fórmulas privadas para satisfacer la demanda. El envejecimiento de la estructura demográfica ha provocado un cambio de prioridades desde la educación hacia la sanidad y la atención a la tercera edad. En España se destina aprox. el 8% del PIB (ligeramente por debajo de la media europea). La mejora sanitaria se ha centrado en la creación de las redes de atención primaria, la extensión de hospitales comarcales y la mejora de los sistemas de gestión. Este servicio sanitario público pretende estar próximo al usuario y ofrecer a los ciudadanos información precisa sobre temas sanitarios de interés (vacunaciones, charlas, campañas de difusión, etc.); este servicio se gestiona con fondos públicos a través de la Seguridad Social, se financia con fondos procedentes de los empresarios, trabajadores y de los Presupuestos Generales del Estado; gran parte de los gastos de la Seguridad Social se destina a pensiones de jubilación.

En cuanto a la educación, la escolarización en España atiende a 8.216.711 estudiantes durante el curso 2021-2022 aproximadamente, con un gasto público que en el año 2022 en torno al 4,93% del PIB frente al 4,27% en 2019. En España, las enseñanzas obligatorias afectan a todos los ciudadanos durante la infancia y la adolescencia (desde los seis a los dieciséis años), y se prolonga, en la formación continua, durante toda la vida laboral. El sistema educativo, gestionado en un 65% mediante centros educativos públicos y en un 35% por los privados y privados-concertados, comprende una gama amplia de oferta educativa para atender la formación en las diferentes etapas de la vida de cada persona. La variedad de demandas de educación por parte de los ciudadanos y las necesidades de capital humano del sistema productivo y de las empresas se satisface en etapas educativas y enseñanzas con legislación, centros y currículos específicos:
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La educación infantil se ordena en dos ciclos: desde el nacimiento hasta los 3 años y de 3 a 6. Es una educación de carácter voluntario que en los últimos años ha requerido el esfuerzo de la administración para ampliar la oferta de centros y plazas educativas. Esta en proceso de ampliación de los servicios públicos y privados, pero con cierta incertidumbre ante el descenso continuado de la natalidad.
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La educación obligatoria comprende dos etapas: la educación primaria y la secundaria, desde los seis a los dieciséis años. En España, el 28% de los jóvenes de entre 25 y 34 años (2022) no tiene un título de segunda etapa de educación secundaria, o sea, que más de uno cada cuatro jóvenes solo tiene el título de la ESO.
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La educación secundaria no obligatoria comprende las etapas de bachillerato y los ciclos formativos, modalidad de enseñanzas del sistema educativo que capacita para el desempeño cualificado de las distintas profesiones.
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El total de estudiantes matriculados en el Sistema Universitario Español (SUE) en el curso 2021-2022 es de 1.690.947. Los estudiantes de Grado representan el 79,1% de los alumnos matriculados, los de Máster el 15,3% y los de Doctorado el 5,5%.
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Las enseñanzas artísticas y de idiomas y la formación de personas.