Política que se ocupa de que las actividades humanas que tiene repercusión directa sobre los usos del suelo, se implanten y desarrollen en el territorio de una forma coordinada, equilibrada y compatible entre sí. De este modo, a largo plazo se considerará un modelo de utilización racional del territorio en el que se cumplan tanto los objetivos de  sostenibilidad y cohesión como el objetivo de la mejora de la competitividad.