El ingreso de España en la Unión Europea supuso su integración en la política regional comunitaria. Iniciada en 1975 y reformulada en 1988, pretende coordinar las políticas regionales de los estados miembros y reducir las diferencias entre las regiones europeas, apoyando a las más desfavorecidas mediante ayudas económicas. Los instrumentos financieros para llevar a cabo esta política son los fondos estructurales, los fondos de cohesión y las iniciativas comunitarias. 

Los Fondos Estructurales se destinan a tres objetivos: el desarrollo de las regiones más atrasadas, es decir, con renta per cápita inferior al 75 % de la media comunitaria (objetivo 1); la reconversión socioeconómica de las zonas agrarias, pesqueras, industriales o urbanas en crisis (objetivo 2), y el fomento de los recursos humanos (objetivo 3).

Los cuatro fondos de los que se sirve la UE para alcanzar estos objetivos son los siguientes:

• El FEDER, (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) está destinado reducir los desequilibrios territoriales. Tiene como objetivo fortalecer la cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea. Dirige sus inversiones a los once objetivos temáticos de la política de cohesión, pero concentrando obligatoriamente un porcentaje significativo en los cuatro primeros considerados "prioritarios" (concentración temática): Innovación e Investigación, TIC, apoyo a pymes y economía hipocarbónica. También financia la Cooperación Territorial Europea, la reducción de los problemas urbanos; y las aportaciones a las regiones septentrionales poco desarrolladas y a las regiones ultraperiféricas.

• El FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria) está destinado a mejorar las estructuras agrarias y la conservación del medio ambiente; garantiza los precios mínimos de los productos agrarios y financia en gran parte actividades comunitarias relativas a la adoptación y mejora de la producción agraria. Absorbía en algunos momentos el 50% del presupuesto de la Unión Europea.

• El IFOP (Instrumento Financiero de Orientación Pesquera) financia al sector pesquero tanto en forma de subvención como para estimular las reformas de este sector.

• El FSE (Fondo Social Europeo) se dedica al fomento de la formación profesional y del empleo; tiene como objetivo invertir en las personas para mejorar las oportunidades de empleo, la educación y el riesgo de pobreza. Así, tiene como prioritarios los cuatro últimos objetivos temáticos: promoción del empleo; promoción de la inclusión social y lucha contra la pobreza; educación y aprendizaje permanente; y mejora de la administración pública. Financia asimismo la mitad de la Iniciativa de Empleo Juvenil, destinada a las regiones con tasa de desempleo juvenil superior al 25%.

Los Fondos de Cohesión se crean en 1993 al servicio de los países que tuvieron que hacer un ajuste muy duro para integrarse en el espacio del Euro, entre los cuales se encontraba España, que recibía cerca de la mitad de tales fondos, Portugal, Irlanda y Grecia; tenían el denominador común de tener un Productor Nacional Bruto per cápita inferior al 90% de la media comunitaria. Debían servir para financiar, a diferencia de los fondos estructurales (cuyo destino regional dentro de cada país está controlado siempre por la Comisión Europea), políticas económicas de diverso tipo, como los proyectos medioambientales y las redes de transporte transeuropeas, con gran libertad por parte de los gobiernos nacionales. A partir de 2004, con la ampliación hacia los países del esto europeo, se modificó el reparto del Fondo. En la Cumbre de Bruselas (2005) se negociaron las perspectivas financieras para 2007-2013, acordándose que en España sólo serían regiones beneficiarias del mismo Galicia, Extremadura y Andalucía; se establecía así un periodo transitorio de cinco años para que los ingresos por los Fondos se reducirían paulatinamente, incrementándose también las aportaciones españolas a las arcas comunitarias. Desde 2014, España dejo de recibirlos.

Las iniciativas comunitarias son programas especiales dependientes directamente de la Comisión Europea y encaminados a resolver problemas graves que conciernen a toda la Unión y cuyos gastos son cofinanciados por los Fondos Estructurales y los Estados miembros. Entre ellos están los siguientes:

• INTERREG, pretende incrementar la cohesión económica y social de la UE, fomentando la cooperación transfronteriza entre países vecinos (en el caso de España con Portugal y Francia) y la cooperación transnacional entre las regiones europeas (las del Mediterráneo, las del Atlántico…) y la cooperación interregional entre las regiones de un mismo país.

• LEADER, fomenta la reconversión agraria, con vistas a dotarle de actividades agrarias y no agrarias que contribuyan a su desarrollo, mediante la unión de diversos pueblos o comarcas; por ello, está dirigido a regiones donde la PAC ha afectado de manera negativa, impulsando el desarrollo rural y la cooperación entre territorios rurales.

• URBAN, pretende la regeneración económica y social de los barrios urbanos en crisis, financiando la aparición de nuevas actividades, la renovación de las infraestructuras y equipamientos, el fomento del empleo y la mejora del medio ambiente.

El 17 de diciembre de 2013 se aprobó el paquete de leyes para la política regional durante el periodo 2014-2020. En este nuevo período de programación de la Política de Cohesión, renombró los tan conocidos Fondos Estructurales como Fondos Estructurales y de Inversión Europeos​ (Fondos EEI) colocando bajo esta denominación a los siguientes fondos: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); Fondo Social Europeo (FSE); Fondo de Cohesión (FC); Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader); y, Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

Las repercusiones que ha tenido para España su integración en la política regional de la Unión Europea han sido de diversa índole:

1. Ha supuesto una cierta cesión de la soberanía a la U.E., ya que ésta debe ser informada de las políticas de desarrollo regional y puede autorizarlas, modificarlas o prohibirlas en función de su compatibilidad con la política comunitaria. Por otro lado, toda ayuda de la Unión debe ser complementaria de la que realiza el propio país o región, de forma que la U.E. sólo cofinancia los proyectos de desarrollo.

   

2. 

   España ha recibido fuertes ayudas comunitarias, pues la mayoría de sus regiones se encontraban en clara desventaja respecto de las del resto –antes del ingreso de los países de la Europa Oriental-. Así, el 98 % del territorio español y el 84 % de la población estaba integrado en el período de 2000 a 2006 en alguno de los objetivos de los fondos estructurales, además de que los de cohesión se pueden utilizar a gusto del gobierno español en la zona que crea oportuno. La cuantía de fondos estructurales recibidos en España durante el período de 2000 a 2007 fue de casi 90.000 millones de €, de los que una cuarta parte fue a parar a la región andaluza, y la mitad de ellos a sólo tres regiones, la anterior, más la gallega y la castellanoleonesa. 

   

   El programa operativo, para todas las regiones españolas entre 2007 y 2013, establecía una dotación presupuestaria de 35.217 millones de euros. Estaban distribuidos por los objetivos de la política regional europea así: el objetivo de convergencia, que incluía a las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha,  Extremadura y Galicia; regiones en proceso de “exclusión gradual”, que afecta al Principado de Asturias, Ceuta, Melilla y Región de Murcia; “Competitividad regional y empleo” (Aragón, Islas Canarias, Cantabria, Cataluña, Murcia, País Vasco y La Rioja; e inclusión gradual (Canarias, Castilla y León y Valencia).

   En conjunto de los 351.354 millones de euros para el periodo 2014-2020, España tenía previsto recibir más de 38.000 millones de euros: 19.408 millones de euros para el fondo FEDER; 8.533 para el FSE (incluyendo 943 millones de euros de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) que complementan al FSE; 8.290millones de euros para el FEADER; 1.161 para el FEMP; 643 millones de euros FEDER para Cooperación territorial europea. Este presupuesto debe ser finalizado en el año 2023 en cuanto a su ejecución. La distribución financiera de los Fondos EIE se estructura en torno a una serie ámbitos, denominados "objetivos temáticos", y que tienen que ver con potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas, la competitividad de las PYME, favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores, promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos, conservar y proteger el medio ambiente, el transporte sostenible, eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales, la sostenibilidad y la calidad en el empleo y la movilidad laboral, promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación, así como Invertir en educación, formación, y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente.

3. 

   Parece lógico pensar que han contribuido a la disminución de los desequilibrios interterritoriales, porque se ha favorecido una mayor igualación de la renta per cápita de las regiones, al concentrar las ayudas en las más desfavorecidas. El hecho de que las distancias con respecto a las más dinámicas de la Unión Europea no se acorten depende, sobre todo, del mayor impulso de desarrollo que caracteriza a las regiones centrales europeas, más emprendedoras.´

El problema que se planteaba para el inmediato futuro con la ampliación de la Unión Europea hacia el los países del Este es que subirá el nivel medio de renta de las comunidades españolas –por el llamado “efecto estadístico”- y dejará fuera de la recepción de fondos a algunas de ellas. Por otra parte, habría un nuevo reparto de fondos en perjuicio de los actuales beneficiarios, ya que los países que más contribuyen, como Alemania, se niegan a un aumento considerable del presupuesto comunitario. He ahí, la finalización de los fondos de cohesión, de los que ya España no se beneficia, puesto que los datos estadísticos lo han convertido en un estado donante, más que receptor.

Para el periodo 2021-2027 existen cinco Fondos de gestión compartida en España, son los llamados Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE), que incluyen:  Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para invertir en el desarrollo social y económico de todas las regiones y ciudades de la UE; Fondo Social Europeo (FSE+) para apoyar el empleo y crear una sociedad justa y socialmente inclusiva en los países de la UE; Fondo de Cohesión (FC) para invertir en medio ambiente y transporte en los países menos prósperos de la UE; Fondo de Transición Justa (FTJ) para apoyar a las regiones más afectadas por la transición hacia la neutralidad climática; Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA). España no es beneficiaria del Fondo de Cohesión al superar el mínimo exigido en función de su Renta Nacional Bruta (RNB), que debe ser inferior al 90 % de la media de la UE. No obstante, se espera que el 37 % de la asignación financiera total del Fondo de Cohesión contribuya a los objetivos climáticos. Además, dentro de la Política de Cohesión se potencia la dimensión urbana, con el 8 % del FEDER dedicado al desarrollo urbano sostenible, y un nuevo programa de creación de capacidades y establecimiento de redes destinado a las autoridades urbanas, la iniciativa Urbana Europea.

En relación a la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2023-2027 se establecen dos fondos específicos con características propias, no incluidos en el nuevo Reglamento de Disposiciones Comunes (RDC) de los fondos europeos: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA).

Acuerdo de Asociación de España 2021-2027

Todos estos fondos son gestionados conjuntamente entre la Comisión Europea y los países miembros a través de los denominados Acuerdos de Asociación. Los acuerdos de asociación desembocan en una serie de programas operativos que canalizan la financiación bien directamente a las diferentes regiones o bien a través de programas plurirregionales. A finales de 2022, la Comisión Europea había aprobado el Acuerdo de Asociación de España para 2021-2027; se trata de un documento de carácter estratégico que recoge las grandes líneas de actuación y prioridades de inversión. De esta forma, España alcanzarìa una asignación financiera de ayuda UE, sumando el conjunto de los instrumentos, de 36.682 millones de euros. Un acuerdo que es complementario con los objetivos e hitos recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que impulsa la transformación del modelo productivo del país. De estos 36.682 millones de euros, 35.562 millones corresponden a los fondos de la política de cohesión de la UE, donde España es el tercer mayor beneficiario en este periodo, solo por detrás de Polonia e Italia. Esta asignación se reparte en 23.397 millones de euros del FEDER, 11.296 millones del FSE+ y 869 millones del FTJ. A estas cantidades se suman 1.120 millones de euros asignados a España para el FEMPA.  En conjunto, el Acuerdo de Asociación supone una inversión total de 59.722 millones de euros. La suma de los fondos incluidos en el Acuerdo supone un incremento del 15% respecto a los obtenidos en el periodo 2014-2020. Esta inversión se organiza en torno a cinco grandes áreas políticas, en las que cobran especial relevancia el apoyo a la investigación, la digitalización, el apoyo a las pymes, la eficiencia energética, la transición verde y la inversión de carácter social: a

• 

  El Objetivo Político 1 contará con cerca de 8.300 millones de euros de ayuda europea para reforzar la investigación, apoyar a las empresas y favorecer la digitalización de nuestra economía.

• El Objetivo Político 2 destina más de 9.900 millones de euros a la mejora de la eficiencia energética, el despliegue de energías renovables, actuaciones de adaptación al cambio climático, la implantación de un modelo de economía circular y atención a la biodiversidad.

• El Objetivo Político 3 dispone de una dotación de 1.200 millones de euros, que se concentra en el desarrollo de corredores ferroviarios, en garantizar la accesibilidad ferroviaria a los puertos de interés general y en el apoyo al uso de vehículos limpios y mejora del servicio de transporte público.

• Dentro del Objetivo Político 4, la inversión social cobra una especial relevancia en el periodo actual, con la atención al empleo, la educación, formación profesional, inclusión y lucha contra la pobreza y pobreza infantil. Esto se traduce en 12.300 millones de euros de ayuda destinados a la cohesión social dentro del OP4.

• Por último, en el Objetivo Político 5 se contempla la financiación europea para actuaciones de desarrollo urbano y no urbano a través del diseño de programas de inversión integrada, que se sitúa por encima de los 2.100 millones.

La distribución regional de estos fondos se produce tras la aprobación definitiva de los Reglamentos que regulan los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en el periodo 2021-2027, en los que se recogen las condiciones para la programación y ejecución de estos fondos en esos años. Así las cosas, en el primer grupo de regiones menos desarrolladas, Andalucía se llevará 12.710 millones; Castilla-La Mancha, 2.459 millones; Ceuta, 98 millones; Extremadura, 2.725 millones, y Melilla, 108 millones.  En el segundo grupo, el de las regiones conocidas como Transición, se sitúa en primer lugar Galicia, con 3.150 millones de euros. Tras ella, se colocan Canarias, con 2.785 millones (sumando el Fondo RUP); Comunidad Valenciana, 2.473 millones; Murcia, 1.231; Castilla y León, 1.204 millones; Asturias, 584 millones; Baleares, 485 millones; Cantabria, 187 millones, y La Rioja, 97 millones. Por último, los 4.398 millones de las regiones más desarrolladas se dividen de la siguiente manera: Cataluña se lleva 2.052 millones de euros; Madrid, 1.476 millones; País Vasco, 398 millones; Aragón, 361 millones, y Navarra, 112 millones.

Plan Badajoz

La origen de la política regional se remonta a los años 50 de pasado siglo, cuando la aceleración del proceso industrializador acentuó los desequilibrios interterritoriales, lo que propició e impulsó la puesta en marcha de algunas medidas por parte del Estado franquista. Por un lado, se aprobaron los Planes de Colonización Agraria (Plan Badajoz, 1952; Plan Jaén, 1953; Plan de Tierra de Campos, 1965) que supusieron la construcción de embalses y la implantación del regadío en comarcas deprimidas, para asentar allí nuevos colonos, con un éxito limitado. Por otra parte, también se elaboraron los Planes de Desarrollo (1964, 1967 y 1973) que actuaron sobre zonas rurales, zonas turísticas y áreas metropolitanas, incluyendo la declaración de doce ciudades como polos de desarrollo; en ellas se concedieron ayudas a las empresas, se urbanizaron polígonos industriales con suelo muy barato, y, en algunos casos, se implantaron grandes empresas públicas. Aunque lograron crear 85.000 empleos, no modificaron de forma substancial las crecientes desigualdades entre las regiones industrializadas y las agrarias. Estas políticas no suponían auténticas actuaciones en busca del equilibrio territorial, sino que primaban sólo el crecimiento económico.

En los años 80 del siglo XX, desde la implantación del Estado de las Autonomías en España, la política de desarrollo regional depende más de las propias Comunidades Autónomas, según marca la Constitución, que de la Administración Central del Estado. De todos modos, el Estado también interviene mediante la Política de Incentivos Regionales y estableciendo los criterios sobre el Fondo de Compensación Interregional.

La Política de Incentivos Regionales se tuvo que modificar con motivo del ingreso de España en la U.E. para evitar ayudas que supongan el desarrollo de medidas proteccionistas frente al libre mercado y la competencia; además, estas ayudas estaban destinadas para superar la crisis de la reconversión industrial. Así se establece un mapa en que figuran tres modalidades de incentivos:

• Las Zonas de Promoción Económica (ZPE), que comprende las menos desarrolladas del país por su renta per cápita y su tasa de paro.

• Las Zonas Industriales en Declive (ZID), que son las más afectadas por la crisis industrial

• Y las Zonas Especiales (ZE), creadas por el gobierno si concurren circunstancias excepcionales.

Posteriormente, las Comunidades Autónomas desarrollarían su propia política regional para superar las diferencias territoriales en sus espacios, para mejorar la competitividad y coordinar esfuerzos con la política regional europea. Con esta finalidad, se han dotado de instrumentos de política territorial y regional: planes, estrategias, y/o directrices territoriales, planes sectoriales, instrumentos comarcales, etc. Por su parte, el Estado interviene mediante la construcción de infraestructuras, mediante los criterios de financiación autonómica, a través de la coordinación de los fondos regionales europeos y con el Fondo de Compensación Interregional, previsto en la Constitución. Al respecto, existen dos posiciones enfrentadas sobre los incentivos regionales: una las considera un factor distorsionador de la libre competencia y propone su progresiva eliminación, mientras que otra estima que, ante la constatación de los fuertes desequilibrios regionales difíciles de corregir, se presentan como necesarios y que se han de ampliar.

El Fondo de Compensación Interregional, establecido por la Constitución española (art. 158.2), se presenta como un medio de combatir los desequilibrios regionales y de llevar a la práctica el principio de solidaridad interregional que sostiene nuestra Constitución. Se creó en 1980 y ha pasado por diversas reformas. Los ingresos del fondo se fijan en los presupuestos generales del Estado y son distribuidos por las Cortes entre las Comunidades Autónomas. Hasta 1990, además de escasos, beneficiaban a todas las Comunidades Autónomas, con lo que representaban una pobre e injusta forma de ayuda. A partir de esta fecha, sin que haya aumentado sustancialmente, sólo lo reciben aquellas Comunidades con renta per cápita inferior a la media nacional, lo que ha incrementado la cuantía recibida. Desde 2001, se ha desglosado en dos fondos: el Fondo de Compensación y el Fondo Complementario; ambos financian gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados, que promuevan directa o indirectamente la creación de renta y riqueza en el territorio beneficiario, pero el Fondo Complementario, no obstante, a solicitud de los territorios beneficiarios del mismo, podrá destinarse a financiar gastos necesarios para poner en marcha o en funcionamiento las inversiones financiadas con cargo al Fondo de Compensación o a este Fondo, durante un período máximo de dos años.

Del mismo modo, existen desde 2009 los Fondos de Convergencia Autonómicos que tiene por fin lograr un mayor equilibrio entre las comunidades autónomas; pueden clasificarse en: el Fondo de Competitividad destinado a reducir las diferencias que pudieran existir entre comunidades según la financiación homogénea per cápita, siempre que esta renta per cápita sea inferior a la media o si está por debajo de la capacidad fiscal por población ajustada; y el Fondo de Cooperación, orientado a promover el desarrollo regional, la creación de riqueza y la convergencia regional en términos de renta; este último está destinado a aquellas Comunidades de renta per cápita inferior al 90% de la media y una dinámica demográfica especialmente negativa. Estos fondos serán aprobados por las Cortes en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Los Planes Regionales de Desarrollo constituyen actualmente el instrumento fundamental de que disponen las Comunidades Autónomas para corregir sus desequilibrios, por lo que son las propias regiones quienes han de asumir de forma prioritaria sus objetivos y vías de desarrollo, sin esperar la solución de sus problemas ni del Estado Central ni de la Unión Europea. Estas últimas debieran apoyar con su ayuda los planes elaborados por las zonas atrasadas, que son las que mejor conocen las posibilidades y los inconvenientes para llevar adelante sus planes. De esta forma, las regiones incluidas en el objetivo 1 de los fondos estructurales han de elaborar periódicamente un Plan de Desarrollo Regional (PDR) y las incluidas en el objetivo 2, un Plan de Reconversión Regional y Social (PRRS), a partir de los cuales, han de realizar los planes de tipo provincial y comarcal. Esta metodología de trabajo es nueva en España, por lo que está costando introducirla de manera eficaz y completa en todas sus vertientes.

En definitiva, la política regional ha evolucionado de unos objetivos centrados en el reparto y equitativo de la renta y del bienestar, hacia una prioridad de las políticas sectoriales y regionales, centradas en el impulso del empleo, las infraestructuras, la innovación tecnológica, y, finalmente, la adopción de los criterios de desarrollo sostenido y de la importancia del territorio, Así, adquieren importancia los proyectos de desarrollo local o endógeno, basados en el aprovechamiento de los recursos propios (endógenos) de cada territorio: naturales, humanos, culturales, etc., lo que supone una adecuación más descentralizada, con mayor protagonismo de la administración local.

En una valoración final sobre las políticas regionales, se puede afirmar que, sin entrar en la cuestión de la siempre insuficiente dotación presupuestaria, un primer problema se relaciona con la dispersión y multiplicación de las actuaciones. Las dificultades de coordinación entre las múltiples administraciones implicadas, la complejidad burocrática resultante y las “guerras de incentivos” que a veces se establecen entre regiones o municipios para atraer inversiones son algunos de los efectos indeseados que deberán ser objeto de atención para mejorar la productividad económica, social y territorial de estos recursos públicos en un futuro inmediato.